Antes de cerrar por vacaciones, el Parlamento de Andalucía acogió ayer la comparecencia ante la Comisión de Fomento y Vivienda de diversos agentes sociales para recoger su posicionamiento ante el proyecto de ley que prevé la regulación del derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas. Entre los comparecientes convocados acudieron el gerente de Vimcorsa y vocal de la Asociación Española de Promotores Públicos de vivienda y Suelo, Rafael Ibáñez, y el profesor que dirige el Laboratorio Jurídico sobre desahucios de la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, que coincidieron en criticar la «tibieza» del proyecto y en señalar el «miedo del legislador ante un posible recurso de inconstitucionalidad. En su intervención, Ibáñez fue muy crítico con la norma, que en teoría pretende que las viviendas objeto de desahucio se adjudiquen preferentemente a los anteriores titulares o, de lo contrario, se incluyan en el parque público de vivienda para adjudicarse a través de registros municipales de demandantes de vivienda. Reclamó «creatividad» al legislador para que, en lugar de temer la inconstitucionalidad, complemente la norma estatal atendiendo los casos y colectivos que ésta deja fuera y ofreciendo herramientas concretas para detectar y movilizar viviendas vacías, modificar la ley de subvenciones para adaptar la singularidad de las ayudas al alquiler con el fin de que evitar que «como ahora, una ayuda de emergencia tarde dos años en cobrarse». Asimismo, criticó que se apruebe una ley «en diferido» y que el proyecto prevea aprobar una ley sin aplicación hasta el año 2020.

Por su parte, Rodríguez cree que el exceso de prudencia «puede convertir en simbólica la eficia de la norma» y reclamó que se revise el hecho de que el tanteo y retracto «solo se apliquen después del lanzamiento o dación en pago», ya que en su opinión, «esto puede hacer que para las entidades sea más rentable el lanzamiento que la reestructuración de la deuda, haciendo que la ley desproteja aún más a los propietarios». Al igual que Ibáñez, Rodríguez señaló como ejemplo la ley catalana, «mucho más ambiciosa», por la «amplitud de los presupuestos objetivos y subjetivos para su ejercicio y, sobre todo, por la asignación presupuestaria» que en Andalucía, resulta «claramente insuficiente».