La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés (IU), dijo ayer que el auto del TC sobre la ley andaluza antidesahucios es una "operación del PP para blindar los intereses de la élite financiera y de los especuladores, a costa de mantener más de 700.000 viviendas vacías" en la comunidad. Cortés precisó que la Ley de Función Social de la Vivienda no queda suspendida en su totalidad, sino tan sólo los preceptos impugnados, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social.
Por otra parte, la consejera Cortés comparecerá ante el Parlamento autonómico para informar, a petición propia, del realojo de las familias de la corrala Utopía, que dio origen a una crisis en el Gobierno andaluz de coalición. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez, informó en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre esta decisión.
