El Consejo de Gobierno ha modificado el decreto de apoyo a las empresas que contratan personas en riesgo de exclusión social, unos cambios que reducen trámites y dan una mayor participación a los servicios sociales de los entes locales en los procesos de acreditación. Así, el Gobierno ha aprobado tres modificaciones del decreto regulador de la calificación y el registro de las empresas de inserción, vigente desde 2010, con el objetivo de clarificar la consideración de las víctimas de violencia de género como beneficiarias.
