El sindicato Comisiones Obreras ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que declare la nulidad del informe de la Cámara de Cuentas sobre los fondos de formación y la Faffe, documento que ha dado lugar a la causa penal que investigan varios juzgados de Andalucía. Fuentes del caso han informado a Efe de que el sindicato ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo frente a la decisión de la Cámara de Cuentas de no decretar la nulidad de su informe, como pidió CCOO por no haber tenido oportunidad de hacer alegaciones antes de su aprobación definitiva.
La Cámara de Cuentas argumentó que no está obligada al trámite de audiencia previo a los agentes sociales perceptores de las subvenciones, ya que no es una Administración pública sino que su finalidad es el "auxilio al Parlamento de Andalucía". Por ello, no está obligada por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, como argumenta el letrado del sindicato, y tampoco puede aplicarse de manera supletoria la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas del Estado dado que dicho precepto "no habilita en ningún caso que pueda plantearse recurso frente al informe de fiscalización".
Según resolvió en abril pasado la Cámara de Cuentas, el trámite de audiencia está dirigido a "los responsables del sector o subsector público fiscalizado o las personas o entidades fiscalizadas", así como aquellas que hubieren ostentado su representación. Por ello, CCOO "carece de todo derecho" respecto al trámite de audiencia y "mucho menos puede pretenderse que ha sido vulnerado el derecho fundamental a la legítima defensa que consagra la Constitución, dado que como ha señalado el Tribunal Constitucional se trata de un derecho cuyo ámbito propio es el judicial".
El sindicato había pedido la nulidad del informe sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y que fuese retrotraído al momento de dar copia a CCOO y otros agentes sociales para hacer alegaciones y aportar pruebas, debate que ahora se trasladará a la Sala de lo Contencioso del TSJA. En enero pasado, el órgano fiscalizador andaluz presentó su informe según el cual el 89% de las ayudas se dieron sin "concurrencia competitiva", además de presentar deficiencias de control interno y una mayoría de los fondos se destinó a gastos corrientes.
NUMEROSAS IRREGULARIDADES En consecuencia, la Fiscalía Superior de Andalucía, dirigida por Jesús García Calderón, abrió diligencias penales, que ahora investigan diferentes juzgados andaluces, por entender que en esos fondos hay indicios de irregularidades "numerosas, persistentes y graves".
De forma paralela, Comisiones Obreras pidió la nulidad del informe de la Cámara de Cuentas, petición que ahora traslada al TSJA, a quien pide que reclame el expediente administrativo y se lo traslade para la formalización de la demanda, trámite que se producirá en el último trimestre del año.
