La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado este miércoles que su Gobierno establecerá un calendario de pagos a las empresas del tercer sector que prestan servicios de dependencia con un plazo medio de 60 días y máximo de 90 días.

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Susana Díaz ha querido dejar claro que es "plenamente consciente de que se han producido retrasos en los pagos relacionados con la dependencia" y que, por ello, ha considerado necesario ese calendario de pago.

La presidenta ha querido dejar claro su compromiso son la mesa del tercer sector de Andalucía, de manera que a partir del próximo año se van a incorporar las llamadas cláusulas sociales a los pliegos de valoración pública.

Dicha medida, según ha explicado, tiene como fin garantizar que en los criterios de adjudicaciones se valore no solo el aspecto económico, sino la mejora de aspectos sociales, medioambientales o de comercio justo, favoreciendo de esta manera la creación de empleo en sectores más desfavorecidos e impulsando a las empresas de economía social.

Susana Díaz ha señalado que buena parte de los esfuerzos de su Gobierno durante este último año se han centrado en blindar el estado del bienestar, garantizando que en Andalucía los derechos sociales no se recortan. Ha recalcado que se han mantenido todas las prestaciones y toda la cartera de servicios de educación y sanidad, mientras que esta comunidad lidera en España los servicios de atención a la dependencia.

En relación con la sanidad, la presidenta ha anunciado que el 1 de octubre se pondrá en marcha el Plan de mejora en las áreas de urgencias hospitalarias, con el que se garantizará que todos los hospitales consigan un tiempo menor de cinco minutos entre que el paciente acude al hospital y se analiza la gravedad de la persona y que en ningún caso un paciente pueda superar las 24 horas en el área de observación.

Tras anunciar también que antes de final de año se reanudarán las obras del Hospital de la Línea de la Concepción, Susana Díaz ha recalcado que mientras en otras comunidades se cierran o privatizan hospitales, en Andalucía se refuerza el sistema público, incorporando otros nuevos.

La presidenta ha defendido además el derecho de su Gobierno a convocar la subasta de fármacos, una medida que ayuda a reducir el coste de la factura de los medicamentos, y ha considerado "incomprensible que el Gobierno central defienda los intereses de las grandes multinacionales de farmacia", en lugar de apoyar "un gasto más racional y eficiente por parte de la sanidad pública andaluza".

Ha mostrado su preocupación por que además, con el fin de "sacar tajada política", algunos traten de alarmar a los enfermos y sus familiares diciendo que "los fármacos que prescriben los médicos andaluces no son de calidad por el solo hecho de que hayan sido seleccionados mediante una subasta que abarata su coste para las arcas públicas". Todos esos fármacos, según ha sentenciado, están garantizados por la Agencia Española de Medicamentos.

En relación con la educación, la presidenta ha señalado que vivimos unos momentos en los que la educación pública se encuentra "más amenazada" que nunca por las políticas del Gobierno central, que suponen los "recortes más duros" de nuestra historia democrática.

La Lomce o "Ley Wert", que ha recurrido la Junta, según Díaz, impone una visión "retrograda y mercantilista" de la educación, promoviendo la desigualdad y favoreciendo "descaradamente a la educación privada".

A su juicio, es imprescindible retomar el consenso en materia educativa, de manera que ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que aborde un Pacto por la educación que garantice una educación pública de calidad y en igualdad.

LUCHA CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO

De otro lado, la presidenta ha querido dejar claro que su Gobierno no va a bajar la guardia, ni por un minuto, en la lucha contra la violencia de género, pese a las dificultades económicas. Ha señalado que el gran reto de la Junta es concentrar y unificar en un solo punto todos los recursos para la atención, asistencia y protección de las mujeres y de sus hijos víctimas de la violencia machista.

Ha mostrado su preocupación por que desde que gobierna el PP en España, los recursos destinados a la lucha contra la violencia machista hayan descendido un 31 por ciento.

Otro asunto que ha abordado la presidenta en su intervención ha sido el de la inmigración, apuntando que frente a quienes defienden una política de alambradas o la militarización del Mediterráneo, cerrando los ojos ante el sufrimiento de los más débiles, en Andalucía se apuesta por una inmigración ordenada, por políticas de cooperación con los países de origen y por la integración de los inmigrantes.

En este punto, ha hecho mención a su reciente viaje a Marruecos, apuntando que la relación con ese país es muy importante para Andalucía, tanto por la cuestión migratoria como desde el punto de vista económico y empresarial. Ha lamentado la "enorme ceguera y falta de criterio estratégico" del PP-A al criticar este viaje.