Las 11 consejerías de la Junta deberán elaborar un "plan de ajuste individualizado" para cada una de sus entidades instrumentales antes del mes de febrero para garantizar que "no adquieran compromisos que superen los impuestos globales previstos en sus presupuestos y programa".

Así lo establece un artículo del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2014 registrado en el Parlamento, que da un plazo de un mes desde su entrada en vigor el próximo 31 de diciembre para que las consejerías elaboren los citados planes de ajuste "individualizados".

Dicho artículo detalla que cada plan de ajuste, que deberá ser aprobado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, deberá "responder de forma específica a las características de cada entidad, su objeto y su situación actual en relación a las medidas de reequilibrio financiero que les afecten", así como determinar "las actuaciones concretas a adoptar por cada entidad instrumental, su calendario de aplicación y el impacto previsto de las mismas, bajo la tutela de la consejería a la que se encuentre adscrita".

Además, las consejerías deberán dar cuenta mensualmente a Hacienda del "grado de cumplimiento de los objetivos señalados en el plan de ajuste" y, en caso de que se produzcan desviaciones, "concretar las medidas adicionales que vayan a adoptarse dentro de los 30 días siguientes para su corrección".

El proyecto de Ley de Presupuestos también autoriza a la consejera a adoptar, en caso de incumplimiento, "sistemas de control adicionales o de fiscalización previa de todas las actuaciones de la entidad en materia de gastos de personal, la retención de las aportaciones o contraprestaciones financieras de cualquier naturaleza hasta tanto se regularice la situación o la propuesta de otras medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo aprobado, de las que dará cuenta al Consejo de Gobierno".

La Junta destinará en 2014 un total de 2.817 millones de euros al conjunto de sus empresas, entidades, fundaciones y consorcios en concepto de transferencias y subvenciones, lo que supone un descenso con respecto al ejercicio anterior de un 8%, aproximadamente 248 millones. De esta cantidad, el Gobierno andaluz destina 2.070 millones (en torno a un 73%) a financiar asistencia sanitaria (462,7 millones), educación (446,2 millones), dependencia y servicios sociales (1.111,2 millones).