El Ministerio de Economía anunció ayer que la Comisión Europea le ha remitido una "carta física" advirtiéndole de que el decreto andaluz antidesahucios puede hacer descarrilar el objetivo de estabilidad financiera al que se comprometió España hace un año. En la misiva, Bruselas traslada al ministro Luis de Guindos que la ley autonómica para el fomento de la vivienda puede provocar "una caída en el valor de los activos inmobiliarios" que repercutiría "negativamente a la estabilidad" del mercado financiero español.

El ministerio se negó a mostrar ayer el contenido íntegro de la carta --como ocurrió con el primer email que envió Bruselas para interesarse por el decreto--, pero confirmó la veracidad de algunas expresiones y garantizó que el mensaje no era un "requerimiento de información", sino un recordatorio explícito de que España "está obligada a hacer honor a los compromisos contraídos" en el memorándum de entendimiento, el documento que recoge las exigencias que Bruselas impuso a España a cambio de prestarle 40.000 millones de euros para sanear la banca. Desde la Comisión ni confirman ni desmienten el contenido de la carta.

La preocupación de las autoridades europeas, siempre según el ministerio, es que la ley andaluza pueda desestabilizar el mercado inmobiliario español, provocar subidas en la prima de riesgo, hacer caer el interés de los inversores extranjeros por los activos inmobiliarios del país e interrumpir la reapertura del crédito bancario a empresas y particulares. Al parecer los inspectores de la troika (Comisión, Banco Central Europeo y FMI) han llegado a esta conclusión tras su visita a Madrid, el pasado mayo, después de revisar las cuentas de los bancos intervenidos y de recabar información sobre el decreto "que le fue requerida al Ministerio de Economía". La Abogacía del Estado estudia el encaje del decreto con la reforma hipotecaria estatal, pero el Gobierno "no ha decidido aún" si presentará un conflicto de competencias en los tribunales para dejar la medida en suspenso.

El decreto antidesahucios, en vigor desde abril, permite sancionar con hasta 9.000 euros a los bancos con viviendas vacías en propiedad, y expropiar a aquellos que estén a punto de desahuciar a una familia. Andalucía, según los últimos datos del INE, cuenta con 637.000 pisos sin habitar, y una cuarta parte están en manos de bancos, según la Junta. La norma ha paralizado siete desahucios (dos en Granada, dos en Málaga, dos en Huelva y uno en Cádiz) y ha iniciado la inspección del parque de viviendas para localizar pisos vacíos al objeto de estimular el alquiler. 17 bancos ya han entregado a la Junta la lista de sus VPO vacías. Entre las entidades obligadas a declarar los pisos deshabitados que poseen está el Sareb o banco malo, que "tendría muchas dificultades" para cumplir con su obligación de vender los activos tóxicos inmobiliarios que ha absorbido de otros bancos, dice la carta.

MEDIDA IMITADA Andalucía impulsó esta ley para evitar desahucios (45 diarios desde el 2007) a familias en riesgo de exclusión, y la medida tuvo tal impacto que regiones como Canarias y Cataluña anunciaron políticas similares, algo sobre lo que también habla la carta de la Comisión.

Este el segundo mensaje que Bruselas le hace al Gobierno de Mariano Rajoy sobre la supuesta incompatibilidad de la norma andaluza con las condiciones del rescate europeo a la banca española. El acuerdo del rescate financiero obligaba a De Guindos a informar a la troika sobre cualquier medida no incluida en el pacto que pudiera enturbiar el objetivo del plan. El ministro advirtió a Bruselas sobre el decreto andaluz, y la troika acaba de responder que, en efecto, la norma "va más allá" de la necesaria protección de las familias más vulnerables y es incompatible con los esfuerzos para mantener la estabilidad financiera.