El exconsejero de Presidencia y de Economía de la Junta de Andalucía Antonio Ávila defendió ayer que los diputados del Parlamento andaluz tenían «suficiente información» del programa presupuestario que financiaba las ayudas investigadas en el caso ERE. Ávila, que ha testificado en la pieza política del caso, ha rebatido una de las principales bases de las acusaciones: el uso «inadecuado» de las transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo -que concedía las ayudas- a la agencia pública IDEA para que las pagara, con lo que se eludía la fiscalización previa. Dicha acusación se basa en que la Intervención alertó en varios informes de ese uso «inadecuado» de este procedimiento, al tratarse de una herramienta financiera que sólo podía destinarse a equilibrar pérdidas y ganancias de los entes instrumentales, mientras que en este caso financiaban una actividad ajena a IDEA que se limitaba a pagar unas ayudas que concedía y tramitaba la Dirección General de Trabajo.

Sin embargo, Ávila ha dicho que no comparte esa visión del interventor, que además no conoció, porque la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Junta de 2001 sostuvo que «la provisión de fondos a los entes instrumentales para compensar pérdidas y ganancias tienen la naturaleza de transferencias de financiación pero no que las transferencias de financiación tengan que tener como destino siempre para compensar pérdidas de los entes». Además, hay que destinar las transferencias de financiación «a lo que dice el legislador» y en los sucesivos presupuestos anuales de la Junta estas transferencias «tienen un destino o finalidad» que «IDEA no era libre» para gastar esos fondos en otra cosa, ha respondido a preguntas de la defensa del exdirector de IDEA Jacinto Cañete. Preguntado por este letrado si al recogerse en los presupuestos de la Junta esas transferencias con destino al programa de ayudas sociolaborales los parlamentarios tenían información suficiente para «para poder entender qué se vota en cada programa», Ávila -que fue diputado del 2012 al 2015- ha respondido que en su opinión «sí tienen información suficiente» y ha añadido que, además, disponían de la Oficina de Control Presupuestario para hacer cualquier consulta y también podían preguntar a la Intervención.

Antes de ser consejero (primero de Presidencia, entre el 2009 y el 2010, y después de Economía, del 2010 al 2013), Ávila fue secretario general de Economía (2002-2009) y como tal, miembro del Consejo Rector de la agencia IDEA.

El abogado del exdirector de Trabajo Javier Guerrero le ha preguntado si considera legales estas ayudas y Ávila se ha limitado a defender que está «totalmente conforme» y «plenamente de acuerdo» con la política de la Junta de articular «ayudas sociolaborales para trabajadores de empresas en crisis» para dar un «soporte vital» a personas «con dificultad»