La juez María Núñez Bolaños ha archivado las fianzas civiles impuestas a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza política de los ERE, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán, para el que se pedían 4,2 millones de euros. Entre las fianzas de los ERE, la juez que abrió el caso, Mercedes Alaya, impuso 807 millones al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, 686 millones al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, 490 millones de euros al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá o 29 millones de euros a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez. Para el exconsejero José Antonio Viera, el juez de refuerzo Álvaro Martín pidió una fianza de 6.229.108 euros; para la exconsejera Carmen Martínez Aguayo la petición fue de 4.214.702 euros, y para el exconsejero Francisco Vallejo solicitó 3.763.332 euros.
En distintos autos notificados ayer, la juez toma la decisión de anular las fianzas después de que la Junta, la perjudicada en este caso y que no acusa a nadie, decidiera no reclamar ninguna cantidad hasta después del juicio penal. En un escrito entregado al juzgado, la Junta manifestó «que se reserva expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar», recuerda la titular del juzgado. Ante este anuncio de la Junta, «no cabe el ejercicio de la acción civil por el Ministerio Público ni, por supuesto, por otra acusación distinta al perjudicado», sostiene la juez, que archiva las piezas de responsabilidad civil pero solo en la causa política de los ERE.
En el caso de los ERE, la juez que lo abrió en 2011, Mercedes Alaya, llegó a imponer fianzas civiles de más de 3.000 millones de euros, una cantidad solo superada por los 5.200 millones del caso Malaya en Marbella.
