El Congreso ha aprobado hoy la nueva Ley del Medicamento que garantiza que el precio de los fármacos, establecido por el Ministerio de Sanidad, no podrá ser objeto de modificación, lo que podría afectar a las medidas de ahorro puestas en marcha por algunas comunidades, como la subasta de Andalucía.

La Comisión de Sanidad del Congreso ha dado luz verde con competencia legislativa plena a la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, con el apoyo del PP y UPyD, el voto en contra del PSOE e Izquierda Plural, y la abstención de CiU y PNV.

La norma incrementa las garantías de calidad de los medicamentos, evita la entrada de fármacos falsificados en la cadena de suministro legal y mejora la transparencia y comunicación en las decisiones que tienen relación con la seguridad de los medicamentos.

El nuevo artículo, que establece garantías para que los descuentos o bonificaciones en el precio de los medicamentos dispensados en las farmacias se apliquen a todo el territorio nacional, se ha incorporado al texto gracias a una enmienda transaccional del PP y UPyD y ha sido uno de los que más debate ha generado.

Mientras que el PSOE asegura que no afectará a la subasta de medicamentos de Andalucía, ya que invade competencias autonómicas, el PP señala que se trata de que no haya desequilibrios en los precios de los medicamentos entre unas comunidades autónomas y otras.

En declaraciones a los medios, el portavoz del PP Antonio Román ha incidido en la idea de su partido de que la competencia para fijar los precios de los medicamentos reside en el Gobierno central.

Tampoco PSOE y PP se ponen de acuerdo sobre si ese nuevo apartado pone fin a las bonificaciones que reciben las farmacias de las compañías farmacéuticas, ya que los primeros creen que sí y los segundos piensan que no.

Durante el debate, la diputada socialista Guadalupe Martín ha asegurado que "anula" los descuentos a las farmacias. "Menuda les han hecho", ha dicho al PP, artífice de la enmienda.

El texto incorpora también un nuevo artículo que establece que las medidas que adopten las comunidades autónomas no pueden producir diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios.

El proyecto de Ley, que ahora continúa en el Senado su tramitación parlamentaria con el objetivo de que entre en vigor el próximo mes de julio, establece un mayor control de todos los agentes que participan en la cadena de distribución de medicamentos y refuerza la eficiencia del sistema de farmacovigilancia.

Como novedades, posibilita a los podólogos a recetar medicamentos sujetos a prescripción médica y a los fisioterapeutas a prescribir aquellos que no necesiten receta.

Mediante dos enmiendas transaccionales del PP y de CiU, la reforma establece una regulación específica para los medicamentos biosimilares y un control por parte de la Agencia Española del Medicamento de los equivalentes terapéuticos, una reivindicación de la Organización Médica Colegial y de la mayoría de sociedades científicas y de pacientes.

Según ha explicado la portavoz de CiU, Concepció Tarruella, las equivalencias terapéuticas son medicamentos que sirven para una misma indicación, por ejemplo para la diabetes, pero no tienen las mismas moléculas, ni los mismos efectos secundarios ni son válidos para todos los pacientes.

Todos los grupos han coincidido en criticar la rapidez con la que se ha tramitado la norma, que les ha impedido "abordar con tiempo" una reforma tan compleja, ha señalado la portavoz del PNV Isabel Sierra.

El diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, cuyo grupo presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada, ha lamentado que no se haya aprovechado la ocasión para avanzar en materia de farmacovigilancia, ya que, a su juicio, se mantiene un modelo antiguo que "no tiene en cuenta los efectos contraproducentes de los fármacos en los pacientes".

La diputada socialista Guadalupe Martín ha calificado de "engaño" tanto el título como el fondo del texto aprobado.

"Es un corta pega de muchos contenidos", ha dicho Martín, quien ha asegurado que el PP ha aprovechado el trámite para introducir modificaciones "muy alejadas" del objetivo del proyecto de Ley.

El portavoz del grupo popular ha rechazado las críticas y ha resaltado que el 40 por ciento de las más de cien enmiendas presentadas han sido incorporadas, consensuadas o retiradas, "lo que demuestra la voluntad de consenso" de su grupo.