El consejero de Turismo y Deporte de la Junta, Francisco Javier Fernández, aclaró ayer que la regulación de las viviendas de uso turístico es estatal, y que el Gobierno andaluz ha aplicado su competencia en esta materia con «plenitud, consenso y diálogo», siendo de las primeras comunidades en publicar un decreto al respecto. En Málaga, donde inauguró las jornadas jurídicas Viviendas con fines turísticos en Andalucía, organizadas por la Junta en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), junto al rector de la misma, José Sánchez Maldonado, y el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; el titular de la consejería recordó que este «fenómeno alojativo es global».

«No es solo de grandes ciudades de Andalucía ni de España, sino global, y cada uno debe adaptar las normativas a las competencias pero buscando la corresponsabilidad fiscal, que no haya competencia desleal entre las diferentes infraestructuras alojativas y que hagamos lo posible por garantizar la calidad a los usuarios», sostuvo.

Cuestionado por si Andalucía prevé establecer limitaciones, tal y como están planteando otras comunidades, argumentó que desde que el Gobierno central «sacó los arrendamientos de menos de dos meses de la ley de arrendamientos urbanos y lo dejó en el ámbito turístico la regulación es muy difícil a la hora de la fiscalidad».

«Sacaron el contrato de esa ley y lo ha pasado al Código Civil, pero no deja de ser un rendimiento del patrimonio inmobiliario y sigue tributando en el IRPF y no como empresa; mientras esto pase no puede haber una regulación que sea restrictiva», dijo. Fernández confió en que se den soluciones para que haya una normativa estatal «que armonice todas las normativas en la relación del alquiler, no la turística; y esa norma permita a los ayuntamientos establecer zonas saturadas y ciertos límites, pero que sea general para todos». El titular de Turismo defendió la regulación de la Junta: «Hemos dicho qué es clandestino y qué no».

«El registro turístico sí es nuestra competencia y fuimos de las primeras con un decreto no impugnado por nadie, que dice qué es legal y qué no y eso es una acción que da calidad a quien viene a alojarse», insistió. Francisco Javier Fernández manifestó que los pisos turísticos regulados en Andalucía tienen un número de registro y eso tiene unas condiciones de seguridad «no solo como consumidor sino que se recogen indicaciones de la Agencia Tributaria y en seguridad».

FISCALIDAD / Con estas jornadas el Gobierno andaluz quiere que quede claro: «No tenemos competencias para regular la fiscalidad, eso se marca desde el ámbito estatal; nosotros hemos hecho todo lo que en nuestro mano está y el Estado debe dotar a los ayuntamientos de instrumentos válidos para hacer el control o capacitar a la Policía Local o a la Nacional o la Guardia Civil», opinó.

A su juicio, este «fenómeno» no solo afecta a viviendas u hoteles sino que tiene «afecciones en el comercio, en la hostelería y en el empleo». Sobre esto último, reivindicó que sea «de calidad» en los establecimientos hoteleros pero también en los pisos turísticos «y que no sean un nicho para acoger empleo sumergido».