La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó ayer que respeta la decisión del Tribunal Supremo sobre la reforma educativa, aunque "no la comparta", y ha anunciado que intentará "minimizar" el impacto de esta ley en la comunidad con medidas como el mantenimiento de la ratio de alumnos.

Díaz ha manifestado que el Supremo "ha valorado las formas, pero no el fondo", al desestimar en tres autos las peticiones de la Junta de Andalucía y de la Generalitat de Cataluña para la suspensión cautelar de los reales decretos que desarrollan las nuevas enseñanzas de Primaria y FP Básica, derivados de la Lomce, y confía en que el Tribunal Constitucional "valore el fondo".

Durante su intervención en el acto de entrega de los Premios Liderazgo, que concede el PSOE de Málaga, Díaz avanzó que en las aulas andaluzas se mantendrá la ratio de veinte alumnos, "aunque la ley Wert hable de treinta ahora". Además, aseguró que Andalucía seguirá apostando por la cultura digital, por Educación para la Ciudadanía, así como por una educación inclusiva que permita la movilidad social y que asegure la igualdad de oportunidades "aunque no tengamos garantizado -dijo- en alguno de estos aspectos la financiación".

La también secretaria general del PSOE-A ha señalado que el consejero de Educación, Luciano Alonso, está trabajando para que los niños que tengan que acudir a la Formación Profesional Básica tengan la misma oferta que tenían en la FPI, y con cien horas adicionales que les permitan "llegar en las mismas condiciones" que los procedentes de la ESO. Díaz ha agradecido a los rectores de las universidades andaluzas --en el acto ha estado presente el de Córdoba, Gómez Villamandos-- el trabajo que desarrollan y ha valorado tanto el "esfuerzo" como la "sensibilidad" que han tenido en cuestiones como el fraccionamiento de la matrícula universitaria.

LO QUE DICE EL SUPREMO El Tribunal Supremo ha desestimado en tres autos las peticiones de la Junta de Andalucía y de la Generalitat de Cataluña para la "suspensión cautelar" de los reales decretos que desarrollan las nuevas enseñanzas de Primaria y FP Básica, derivados de la Lomce. Andalucía había presentado recursos contenciosos administrativos contra ambos decretos y Cataluña lo había hecho contra el que regula la FP Básica, y las dos administraciones solicitaban la paralización de su aplicación, que debe comenzar a partir del curso próximo. En el caso del decreto de Primaria, de 28 de febrero de 2014, la Junta argumentaba que hay un "escaso margen de tiempo" entre su aprobación y su aplicación, prevista desde este septiembre, lo que haría "manifiestamente inviable" una planificación del curso escolar. El Supremo considera que la Lomce contiene por sí sola "todos los elementos necesarios para programar adecuadamente la oferta educativa de Primaria".