La presidenta de la Junta, Susana Díaz, presidió ayer la firma de un convenio con la Universidad de Granada en el que se concretan las bases de colaboración para la identificación genética de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra. El acuerdo, suscrito en el palacio de San Telmo por el vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, y la rectora de la Universidad granadina, Pilar Aranda, cuenta con una inversión de 1.087.500 euros para cuatro años y completa el convenio marco suscrito en 2016 que permitió la puesta en marcha del Banco de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El documento firmado ahora concreta el plan de trabajo, cronograma de actuación y los recursos necesarios que permitirán culminar los procesos de identificación genética en aquellos casos en los que sea posible técnicamente.

El acuerdo permitirá llevar a cabo la entrega y recepción tanto de las muestras de restos óseos humanos procedentes de las exhumaciones realizadas en Andalucía como de las de los familiares, para su posterior depósito, cotejo y entrega de resultados.

Además, y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, se recabarán muestras genéticas de familiares que denuncian la sustracción y adopción sin autorización de bebés recién nacidos, para facilitar su identificación y localización.

El convenio servirá para coordinar las acciones de colaboración entre los equipos técnicos encargados de la toma de muestras y su traslado a laboratorio y la Universidad de Granada para los medios técnicos y humanos que posibiliten el análisis. Además participan la Consejería de Salud, para la obtención de muestras biológicas a familiares a través de los centros de salud, y la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, para la coordinación de todo el proceso. La presidenta de la Junta ha señalado que Andalucía es, junto a Cataluña, País Vasco y Navarra, una de las cuatro autonomías que disponen de Banco de ADN en España, y ha sostenido que la comunidad está haciendo «una apuesta importantísima, innovadora y que puede permitir a familias en otros rincones del país encontrar también a sus seres queridos». «Es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y nuestra obligación, porque todos los familiares tienen derecho a poder encontrar a sus seres queridos y poder darles un entierro digno, darles esa paz que merecen, restituir su honor y al mismo tiempo cerrar heridas», argumentó.