La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, lamentó ayer que Andalucía haya dejado de percibir desde 2009 un total de 5.522 millones de euros por la aplicación del actual sistema de financiación, tras conocer la liquidación de 2015, donde tendría que haber recibido 850 millones de euros más en ese año «simplemente para igualar al promedio de las comunidades».
En su intervención en el Fórum Europa Tribuna de Andalucía, la consejera detalló que la posición de Andalucía «ha vuelto a empeorar» y aseguró que ha recibido 104 euros por persona, por debajo de la media de las comunidades. Además, detalló que la comunidad mejor financiada obtuvo 791 euros más por habitante que Andalucía en 2015, lo que «no tiene ninguna justificación».
Por otra parte, la consejera, que explicó la posición de Andalucía sobre la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas en su conferencia, defendió la creación de un fondo de sostenibilidad que garantice un «mínimo» de prestación de los servicios públicos fundamentales en todo momento en el conjunto del territorio nacional. Según explicó Montero, este fondo se constituiría, a modo de «hucha», con recursos estatales y autonómicos generados en años de bonanza económica, lo que permitiría atenuar los efectos del ciclo sobre los ingresos públicos.
PROPUESTAS DEL NUEVO SISTEMA / La consejera aprovechó la conferncia para esbozar las propuestas que defiende el Gobierno andaluz para garantizar un nuevo sistema que garantice la equidad, la suficiencia de recursos y la igualdad por habitante entre comunidades. Así, hizo hincapié en la necesidad de definir «qué modelo de sociedad queremos y qué servicios queremos, que nos respalden y atiendan», así como destinar los recursos suficientes para poder «vertebrarlos y blindarlos, con seguridad, calidad y respaldo social».
En este sentido, reclamó una distribución «equilibrada de esfuerzos» y la determinación de «criterios objetivos» para evaluar las necesidades de gasto, con el fin de garantizar que todos los ciudadanos «vivan donde vivan» tengan acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos.
Montero recordó que el desarrollo de las autonomías ha permitido la consolidación de los principios de igualdad y solidaridad del Estado de bienestar; sin embargo, alertó de que la crisis ha sido la «coartada» de quienes no creen en este modelo y propugnan resolver el problema territorial con la vuelta a un Estado autonómico asimétrico.
La titular de Hacienda avanzó que la reforma del modelo de financiación autonómica supondrá una negociación política difícil, donde «Andalucía no va a ser la olvidada». «Queremos que los andaluces tengan las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano español y eso exige una financiación justa, suficiente y equitativa», reivindicó.
Por ello, confió en que el grupo de trabajo que se va a constituir en el Parlamento supere la dinámica de confrontación política, concite el máximo apoyo social y económico y concluya en una posición «única» de Andalucía ante la reforma del modelo de financiación.
Según explicó, el modelo que defenderá el Gobierno andaluz en el debate de la financiación se construye sobre cinco pilares: la suficiencia financiera, la corresponsabilidad y autonomía fiscal, la equidad, la sostenibilidad y la lealtad institucional. Además de la creación de un fondo de sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, la consejera María Jesús Montero defendió una distribución vertical «consensuada y razonada» de los recursos financieros disponibles.
