La juez Mercedes Alaya ha solicitado una de las dos comisiones de servicio previstas en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, y lo ha hecho insistiendo en seguir con las tres macrocausas relativas a la gestión de la Junta de Andalucía respecto a los ERE, los cursos de formación y los avales a empresas. Alaya ha hecho esa petición después de que el Consejo General del Poder Judicial aprobara que los dos nuevos magistrados de las dos comisiones "colaborarán" en todos los asuntos con la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, que tomará posesión de su plaza en junio próximo.

Fuentes judiciales han confirmado que Alaya ha remitido la solicitud al TSJA, que debe emitir una propuesta con todas las peticiones que reciba al CGPJ, institución que en última instancia es la que debe designar a los jueces que ocupen las dos comisiones de servicio, lo que podría decidir en junio.

La magistrada, que obtuvo una plaza en la Audiencia de Sevilla pero aún no quiere ocuparla, ha respondido de esta forma a la petición que hace dos días le hizo el TSJA para que ratificara si quería seguir optando a instruir las tres macrocausas que pidió. Alaya hizo su solicitud de instruir los ERE, los cursos de formación y los avales antes de que el consejo aprobara por unanimidad el 21 de mayo la ampliación del refuerzo del juzgado con dos magistrados.

El acuerdo del consejo establecía que para "la adecuada y eficaz tramitación de las causas" del juzgado de Alaya, los dos nuevos magistrados "colaborarán" en todos los asuntos con la nueva titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que tomará posesión de su plaza en junio próximo. El consejo aprobó designar dos jueces o magistrados en comisión de servicio con relevación de funciones "para conseguir la adecuada y eficaz tramitación de las causas" del juzgado y "dadas las especiales circunstancias que concurren en el mismo", con algunas causas, como los ERE, que se instruyen desde 2011.

PETICIONES DE GRIÑAN El juez del caso ERE en el Supremo ha aceptado las peticiones de documentos que el expresidente de la Junta José Antonio Griñán le solicitó el miércoles en un escrito en el que negaba que el Ejecutivo autonómico engañara al Parlamento andaluz sobre la financiación de estas ayudas sociales. La defensa del expresidente pedía en su escrito al instructor, Alberto Jorge Barreiro, distintas pruebas documentales que demuestran esta ausencia de engaño según su opinión. Así, solicitó al juez que pida al juzgado 6 de Sevilla, donde se investiga la pieza central del asunto, que remita diferente documentación, como el testimonio de la directora de la Cámara de Cuentas de Andalucía y "la exacta documentación que el Consejo de Gobierno remitió para la tramitación de la de Ley de Presupuestos de los años 2000 a 2003".