Mercedes Alaya, la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, considera que el "beneficiario" del uso "absolutamente discrecional" de los fondos públicos por parte de la Administración de la Junta "fue el propio partido del Gobierno (PSOE), al engrasar durante años y de esta forma las relaciones con empresarios y sindicatos, lo que le generaría réditos políticos y electorales". Así lo pone de manifiesto la magistrada en la exposición razonada elevada al TSJA con los indicios existentes contra las cuatro personas aforadas señaladas en la misma, como son los exconsejeros de la Junta Martínez Aguayo, Vallejo, Avila y Recio.

En este sentido, y en relación al ánimo de lucro por el que ve acreditado el delito de malversación, Alaya pone de manifiesto en su exposición que, en el caso ERE, "el beneficio sería plural, pues en primer lugar y de manera inmediata los beneficiarios serían terceros próximos al poder político, al tratarse siempre de subvenciones a personas o empresas con influencia en la Junta, ya fuera a través de los cargos de ésta última o a través de los sindicatos, y carentes de publicidad".

Al hilo de ello, y "teniendo en cuenta que los sindicatos cobraban importantes comisiones por el pago de tales subvenciones, y que en virtud de las mismas resultaron beneficiadas más de 260 empresas, con múltiples ayudas muchas de ellas, el beneficiario, de manera mediata o indirecta del uso absolutamente discrecional de los fondos públicos por parte de la Administración fue el propio partido del Gobierno (PSOE), al engrasar durante años y de esta forma las relaciones con empresarios y sindicatos, lo que le generaría réditos políticos y electorales".

IMPLICADOS La magistrada implica a todo el Consejo de Gobierno presidido por el expresidente Chaves entre 2005 y 2007 en el conocimiento y mantenimiento del fraude. "Tanto los cargos inferiores como los superiores conocían y participaban en mantener o renovar cada año el sistema; es decir, no solo las autoridades que materialmente manejaban las concesiones y los fondos, amparándose en que era un hecho conocido por el Consejo de Gobierno y su presidente, sabían de la arbitrariedad del sistema, sino que de forma inversa, tanto el consejero/a de Hacienda como la comisión general de viceconsejeros conocían lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo y en IDEA", apostilla.

A ello se suma que "al calor de este sistema corrupto y arbitrario" se generó "una amplia red de influencias que abarcaban los sindicatos, las agencias de seguros, ciertos despachos de abogados, así como ciertos personajes que se movían en diferentes sectores, propiciando todos ellos la concesión de tales ayudas pues obtenían importantes beneficios por su gestión".