La jueza instructora de los ERE, Mercedes Alaya, ha citado a declarar para el próximo 7 de febrero a Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, imputado en la causa desde comienzos del 2011 y a quien considera "portillo de entrada" de las subvenciones irregulares. Fuentes del caso informaron de que la jueza ha citado también para el 25 de febrero a los cuatro peritos de la Intervención General del Estado que analizaron las ayudas y concluyeron que los consejeros de Economía entre el 2000 y el 2009 no adoptaron las "medidas necesarias" para evitar las irregularidades.
Antonio Rivas está imputado en la causa de los ERE desde enero del 2011, al comienzo de la investigación, junto al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, y su abogado ha denunciado en diversos escritos el tiempo transcurrido desde su imputación sin haber tenido ocasión de comparecer ante la juez, lo que considera "inadmisible en un Estado de derecho". Según su abogado, Jon Ander Sánchez, las afirmaciones de la jueza Alaya sobre el "papel activo" de Rivas en los ERE no están "probadas ni acreditadas, ni siquiera indiciariamente", por lo que se trata "de meras conjeturas o suposiciones". La jueza, por su parte, ha dicho en sus autos de imputación que Rivas era "el portillo de entrada de la concesión irregular de las subvenciones, de este dispendio presuntamente generalizado y descontrolado que se ha producido desde la Administración autonómica".
MATADERO FUENTE OBEJUNA Alaya imputó ayer al excomercial de Vitalia Jesús Bordallo haber hecho valer su "poder sobre las decisiones de la Junta" para incluir a 15 intrusos en las ayudas, entre ellos dos cuñados del conseguidor Juan Lanzas y varios sindicalistas o sus esposas. Bordallo se acogió a su derecho a no declarar, pero la jueza le ha imputado los tres intrusos aparecidos en el expediente de la empresa Dhul, entre ellos Angeles Sierra y Carmelo Cruz, cuñados de Lanzas, así como Fernanda García, esposa de Damián Jiménez, miembro de la Asociación de Trabajadores de Cárnicas Molina por CCOO.
En el acta de su comparecencia, a la que ha tenido acceso Efe, la jueza ha acusado a Bordallo de haber incluido en el ERE del Matadero de Fuente Obejuna a tres extraños: Mariano Martínez, un extrabajador de Cárnicas Molina que era amigo de Juan Lanzas y a quien garantizó unas rentas de 120.667 euros, y dos mujeres en agradecimiento por haber hecho contratos simulados a los trabajadores del matadero.
Dichas intrusas fueron Juana Viedma, titular de la Sociedad Técnica Agrícola, a la que garantizó unas rentas de 111.684 euros, y Adoración Navarro, pareja sentimental de Juan José Viedma, "verdadero dueño de la empresa". Alaya también ha imputado a Bordallo haber tenido una "decisiva participación" en los intrusos de la empresa Surcolor, la corchera Samec y Aglomerados Morell.
