La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los cursos de formación en Andalucía subvencionados con fondos públicos, ha dictado un auto en el que ordena a la Policía que deje de investigar para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleve a cabo dicha investigación. En este nuevo auto, en el que le dirige un oficio al director general de la Policía, la magistrada alega que quiere "evitar situaciones como las que ocurrieron el pasado agosto respecto a la concentración de empresas de Angel Ojeda --exconsejero de la Junta-- sobre las que actuó la Policía parcialmente cuando era objeto de investigación por parte de este juzgado".
Concluye que las "consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación y de actuación inadecuada difícilmente recuperable, pone en peligro la presente investigación y su éxito". Además, según el auto, "invade ilegalmente parcelas de investigación que le son ajenas".
TESTIGO PROTEGIDO En otro auto la magistrada atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se adopten medidas de protección al testigo clave del caso, el exresponsable de Formación Ocupacional de la Junta Teodoro Montes. Alaya, que ha otorgado al denunciante la condición de testigo protegido, ha ordenado a los medios de comunicación que "omitan reproducir la imagen del testigo bien evitando su fotografía o pixelando su rostro íntegro".
Además, complementa la protección oficial al testigo y encomienda a la Guardia Civil y a las Fuerzas de Seguridad del Estado su protección y que eviten que se le tomen fotografías.
Asimismo, establece que el "testigo podrá solicitar ser conducido a dependencias judiciales, policiales o donde haya de practicarse alguna diligencia en vehículo oficial" y que mientras permanezca en dichas sedes "se le facilitará una dependencia para su uso exclusivo convenientemente custodiado".
Ante el anuncio de CCOO y de la Fundación Faisem de ejercer acciones penales contra el testigo, Alaya entiende que "la enorme presión mediática" sobre la investigación provoca "presiones que adquieren un alto grado de vulnerabilidad cuando especialmente se dirigen hacia dicho testigo con el ánimo de adolecer su serenidad e infundirle temor, coartando su libertad personal... lo cual podría afectar al testimonio ofrecido y a futuras declaraciones". CCOO anunció esta semana una querella contra Montes por acusarle de pedir comisiones ilegales del 20% para subcontratar cursos. Montes también acusó al sindicato UGT y a la patronal CEA de exigir la misma comisión por los cursos.
