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REORDENACION DE LO PUBLICO

Administración en tela de juicio

La Junta asiste impotente a la parálisis de todala reforma del sector público en los tribunales. Griñán inspiró el cambio a la meritocracia, pero los funcionarios le acusan de oficializar el "clientelismo"

 

DANIEL CELA
11/12/2011

En el último mes, el Gobierno andaluz asiste impotente a la progresiva parálisis de su ambiciosa reforma del sector público. Seis sentencias han anulado o frenado el sistema de acceso a la función pública del personal sin opositar. La reforma permitió integrar en las agencias públicas a casi 20.000 trabajadores con contratos privados, y ahora los jueces cuestionan la legalidad del sistema de acceso. Los fallos afectan a cinco de las ocho agencias que creó la Junta para ahorrar y simplificar servicios: casi 6.000 trabajadores que "no han accedido a la administración por el sistema legalmente establecido".

Hay 27 recursos interpuestos por los funcionarios que se encaminan hacia el mismo desenlace. La Junta ha ganado el recurso que el sindicato CSIF vertió contra la propia ley, porque los jueces no apreciaron en el texto "la vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública". Pero el desarrollo normativo de la ley se ha convertido en un coladero. Los estatutos que regulan las agencias y los protocolos de integración del personal laboral han sido cuestionados por los jueces.

Solo una sentencia ha entrado en el fondo del asunto, la que anula el trasvase de personal de empresas públicas a la Agencia de Instituciones Culturales. En ella, el TSJA concluye que el sistema de acceso "quiebra el principio de igualdad y es un desprecio al Estado de derecho". Al crear jurisprudencia, los juzgados de lo Contencioso de Sevilla han empezado a suspender cautelarmente la actividad de otras agencias.

Los tribunales de Málaga, en cambio, no aceptan la suspensión cautelar porque paralizar la agencia "provocaría graves consecuencias para los beneficiarios". El fallo más reciente en este sentido es del 1 de diciembre, sobre la agencia de Dependencia, que alega que dejarla sin efecto afectaría a "personas sin empleo que precisan la necesaria asistencia social especialmente en un momento de crisis económica (...), con uno de los índices de paro mayores de España".

La Junta ha reaccionado a la tormenta judicial con una llamada a la calma: las sentencias están recurridas al Supremo y la suspensión cautelar no está afectando ni a la actividad de la agencia ni a los empleados laborales, que pueden seguir trabajando como hasta ahora porque en realidad "no ejercen funciones propias de un funcionario". Los demandantes, sin embargo, creen que los 6.000 empleados "deben dejar de prestar sus servicios en la administración hasta que el Supremo resuelva", más o menos en un año.

La reforma eliminó 111 entes públicos de los 255 que tenía la Junta. Hasta entonces existía una multitud de sociedades mercantiles que se agruparon en las ocho agencias: en Agricultura y Pesca, en Innovación y Desarrollo, en Salud, en Empleo, en Cultura, en Medio Ambiente, en Obra Pública y en Servicios Sociales y Dependencia (las cinco últimas han tropezado en los tribunales). El ahorro estimado era de 115 millones en tres años (por ahora solo 40, según Hacienda).

La fusión o eliminación de empresas afecta a 23.476 empleados: 2.069 funcionarios; 1.474 personal laboral de la Junta y 19.933 personal laboral que no pertenecía a la Junta. Este último grupo es el que ha hecho descarrilar la reforma. Los jueces creen que esos empleados con contratos privados, sin concurso de igualdad y mérito, han adquirido los mismos derechos que un funcionario y podrán desempeñar sus funciones. Hacienda responde que la misma ley de reordenación niega esa posibilidad y añade que el Estatuto del Empleado Público le confiere a la Junta la potestad para mover de puesto a sus empleados.

Pero los jueces dicen que el simple hecho de haber sido integrados en un ente público les equipara al funcionario, les otorga derechos constitucionales que están por encima de la ley. El PP pareció verlo claro desde el principio, por eso recurrió la reforma ante el Constitucional.

CAMBIO DE RUMBO La reordenación del sector público no estaba en el programa electoral del PSOE en el 2008. En el 2009, José Antonio Griñán sustituyó a Chaves y, en su discurso de investidura, el nuevo presidente empezó a hablar de reformar la administración. Pero entonces la razón de ser de esa reforma no era el ahorro del gasto público, como se dice ahora, sino la meritocracia. Griñán quería reducir la administración periférica y hacer más transparentes los servicios, pero sobre todo quería cambiar los estatutos de función pública para profesionalizar a los funcionarios.

Al poco la deuda pública de los gobiernos se disparó, y aunque la reforma de la administración andaluza siguió adelante, el principio que la había inspirado cambió de rumbo. Dejó de hablarse de meritocracia y el debate se centró casi exclusivamente en la contención del gasto público.

La Junta aprobó la ley a finales de julio del 2010, poco después de que el Gobierno anunciase un recorte del 5% en el salario de los funcionarios. Todo el periodo de tramitación estuvo acompañado de protestas y manifestaciones masivas de funcionarios. La ley que iba a impulsar la meritocracia en la Junta ha sido estigmatizada como un recurso al "enchufismo".

   
4 Comentarios
04

Por Para Los NARANJITOS/AS 21:09 - 11.12.2011

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Menos concentraciones en hora de trabajo, menos desayunos de 1 hora, menos compras y pérdidas de tiempo en horario laboral, menos cervecitas de mediodia y mas trabajar, que vuestros sueldos los pagamos todos. Menos ladrar y Mas trabajar.

03

Por Córdoba 18:58 - 11.12.2011

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Venga, ya, las mentiras de los naranjitos no hay quien se las crea. Si han salido 6 sentencias a favor, también las hay 6 en contra. Eso sin contar la que va a salir la semana que viene totalmente en contra de naranjitolandia. Los funcionarios saben que los días de cafés, escaqueos y pasilleos se están acabando. Y por cierto, lo de la ley del enchufismo, se conoce así gracias a los titulares que compraron los naranjitos en ABC de Sevilla y en el Mundo, lo que reconocieron públicamente en una de las reuniones de la asociación Al-Ándalus. Así se ha gestionado todo este asunto, a base de sobres, y contratando al mismo bufete de abogados que los controladores aéreos. Y con manifestaciones en horario laboral, y con medios públicos pagadas con los impuestos de todos los españoles. Y a Amadeus decirle que su insinuación es fácil de comprobar. Bastaría con tomar el listado de afiliados a dicho partido y el de trabajadores. Me consta que los naranjitos lo tienen y que sin embargo nunca han dicho nada porque no hay relación. Sin embargo sí que la hay, todos los enchufados a los que se les ha filtrado los exámenes, les han hecho concurso oposiciones a medida y los interinos contratados directamente del INEM con nombres y apellidos. La Junta es muy pequeña y todos sabemos cómo los que hoy viste de naranja, entraron por enchufe.

02

Por Amadeus 14:29 - 11.12.2011

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Sería verdaderamente interesante hacer el estudio de a que partid votan/militan la mayoría de los 20.000 "afortunados". Por supuesto que habrá de todo, pero estoy seguro de que un partido destacaría muchísimo sobre el resto...

01

Por Ciudadano 12:15 - 11.12.2011

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Pero si esto es muy sencillo: no se trata de quitar el puesto de trabajo a nadie. Se trata de sacar a oposición libre todos esos puestos que ahora ocupan los enchufados. Serían miles de plazas que aliviarían el paro. Y serían cubiertas por aquellas personas que más estudiaran y más se esforzaran, y no por los amiguitos de turno. Ésa es la verdadera reforma que hace falta.