Los afectados por las expropiaciones del proyecto de restauración ambiental e integración urbana y paisajística del tramo alto del río Cabra a su paso por la ciudad han decidido, en una reunión celebrada en la sede de la Unión de Pequeños Agricultores a la que invitaron a los grupos políticos municipales y a la que sólo acudió el PSOE, contratar los servicios de un bufete jurídico para que los represente e interpongan un recurso especial en materia de contratación contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Una decisión con la que persiguen evitar la licitación que por un importe de 4.601.630,41 euros debe resolverse el próximo 3 de abril, si antes no se atienden sus peticiones, y que el alcalde, Fernando Priego (PP), se ha comprometido hacer llegar a la CHG antes del 23 de marzo, tras una reunión celebrada con estos en el consistorio el pasado 15 de marzo al objeto de poder retomar el tema en una mesa en la que estuvieran presentes.

Los afectados, un total de 63 propietarios de parcelas que lindan a uno y otro lado de la ribera del río Cabra a lo largo de los 4,5 kilómetros que discurren por la zona urbana, entienden que se lesiona sus derechos aduciendo entre otras consideraciones que en ningún momento se les ha tenido presentes en ningún tipo de reunión para conocer su opinión y que no llegaron a conocer el proyecto en su integridad hasta los primeros días del mes de diciembre del 2017.

También expresaban que la CHG no ha dado respuesta a ninguna de las 27 alegaciones que presentaron, si bien están a la espera de la misma, ya que de lo contrario, no podría llevarse a cabo la ejecución del proyecto de acuerdo con la normativa.

Estos, que han reiterado una vez más su total apoyo a la restauración ambiental del cauce y riberas del río Cabra en su flora autóctona y a cuantas acciones pretendan devolverlo a su estado más natural, ya que de haberse planteado así, incluso hubieran estado dispuestos a ceder gratuitamente parte de sus parcelas para la realización de los senderos previstos.

En cambio se muestran disconformes con la realización de un proyecto urbanístico en el que se contemplan desde aparcamientos a instalaciones y equipamientos varios que les llevarán a perder su intimidad y sus propiedades de huerta que en muchos casos, están en explotación y son su modo de vida.

Una preocupación que incluso se traslada a que aquellos propietarios que son pensionistas o se encuentran en situación de desempleo, podrían incluso ver perder sus prestaciones económicas por esos conceptos durante un año, cuando la indemnización económica por la expropiación supere los 4.500 euros.

También dejaron claro que lo que persiguen con el recurso es retrotraer el proyecto al periodo de impacto ambiental del mismo, para así poder ser partícipes con sus aportaciones con el fin de proceder a la restauración ambiental.