Luis Oliver no solo está siendo protagonista por su gestión de las altas y bajas del Córdoba en este mercado de fichajes. También lo es por una noticia menos agradable para él, una cuestión judicial. Ayer se conoció que la sección octava de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar el próximo miércoles, 11 de julio, a Oliver por un delito de blanqueo de capitales, en una de las piezas separadas del conocido caso Malaya por corrupción en la localidad costasoleña de Marbella.
En concreto, se juzga a José María Gil Silgado, expresidente del Xerez Club Deportivo; y a Luis Oliver, exaccionista mayoritario, por su gestión al frente del club jerezano. El fiscal que lleva el caso pide para ambos una pena de dos años y nueve meses de cárcel, además de una multa, para cada uno, de dos millones y medio de euros.
Según el escrito de conclusiones iniciales de la acusación pública, Gil Silgado «se dedicaba a la especulación inmobiliaria, desarrollando gran parte de su actividad en Marbella, por lo que conocía a Juan Antonio Roca», principal condenado en el caso Malaya, que al inicio de esta causa estuvo investigado, pero que luego se le citó como testigo.
El fiscal sostiene que el expresidente del club actuaba siempre a través de alguna de sus empresas, «todas carentes de estructuras tanto humana como de medios materiales». El fiscal también acusa a Luis Oliver, del que asegura que conocía al exalcalde de Marbella y expropietario del Atlético de Madrid, Jesús Gil, al que «había comunicado en reiteradas ocasiones su intención de vender el club». Fue Gil, según la acusación pública, el que informó a Roca de esas intenciones de vender el club, el cual ya había realizado inversiones en distintos ámbitos económicos, «utilizando fondos que había obtenido de la actividad delictiva», y decidió ampliar «su ámbito de negocio», invirtiendo en ese momento en el sector deportivo.
Juan Antonio Roca se fijó en el Xerez Club Deportivo para invertir, lo que supuestamente «se llevó a cabo en distintas operaciones» hasta adquirir el 50 por ciento del club y los derechos televisivos, a través de dos sociedades, participadas por otras mercantiles. En estas operaciones participó el empresario acusado «de forma opaca, con la finalidad de ocultar la procedencia de los fondos utilizados», según el fiscal, para el que los dos procesados sabían que Roca era «el verdadero socio del negocio, siendo plenamente conscientes de sus problemas con la justicia», aunque se prestaron «voluntariamente a colaborar en la ocultación de fondos ilícitos».
Queda por ver cuál es la resolución del caso y de qué manera afecta al director deportivo del Córdoba, Luis Oliver, que también estuvo procesado por su gestión del Real Betis, club del que adquirió la mayoría de las acciones en el año 2010, tras comprar el paquete en posesión de Manuel Ruiz de Lopera. Diversas plataformas de accionistas minoritarios denunciaron a Lopera y a Oliver por actos ilícitos en su gestión, y el caso acabó en un largo proceso judicial del que el ahora director deportivo del Córdoba salió sin consecuencias judiciales, al llegar a un acuerdo económico con los denunciantes.
