El Córdoba comienza a ver el principio del fin en su larga etapa de problemas con LaLiga, comenzada en febrero de este año con la auditoría ejecutada nada más llegar Jesús León a la entidad blanquiverde y finiquitada el pasado julio, cuando se hizo efectiva la denuncia de la patronal que provocó la salida de Luis Oliver de la dirección deportiva del club y cuya rueda de prensa de despedida se hizo con auditores enviados por LaLiga aún en El Arcángel.

«Cuatro expedientes más uno». Esas eran las cuentas pendientes de LaLiga con el Córdoba, según reconoció el propio León en rueda de prensa hace unas semanas. Y esos cuatro expedientes ya tienen un resultado: 3.000 euros de multa cada uno de ellos y un apercibimiento o advertencia. En total, 12.000 euros por los cuatro hechos censurables, según la patronal, por lo que en principio todo apunta a que el Córdoba puede salir mejor librado de lo que en un principio podía esperarse. Aún queda por saberse cuál será el resultado de ese «más uno» del que informó el presidente blanquiverde, y que gira en torno a lo que LaLiga entiende como un retraso o un impedimento por parte del club blanquiverde de facilitar información y documentación a la patronal. La providencia para la resolución de dicho expediente, que al igual que las cuatro anteriores ha de ser dictada por el Juez de Disciplina Social de LaLiga, será comunicada en pocas semanas. Por lo pronto y a falta de esa resolución sobre el último expediente que queda por dilucidar, el resultado final para el Córdoba es bastante menos grave de lo que se podía intuir en un principio.

LOS CUATRO EXPEDIENTES / El primero de ellos se abrió por la llegada de los uruguayos Gavín y Ghan al Córdoba, el pasado mes de enero, en una operación que en su momento asumió Luis Oliver. Según pudo saber este periódico, el Córdoba pagó unos 100.000 euros por el préstamo y reserva preferencial de traspaso de ambos futbolistas que, finalmente, terminaron jugando en el filial blanquiverde. En dicho equipo, cada uno de ellos recibía un sueldo algo menor a los 1.000 euros al mes, por lo que LaLiga entiende que el precio pagado por el préstamo y opción preferencial, no se corresponde con los sueldos que los futbolistas percibieron en el club blanquiverde. La resolución es el pago de una multa de 3.000 euros y apercibimiento.

El segundo expediente trata sobre la relación de Luis Oliver y el Córdoba para la realización de los trabajos de dirección deportiva, relación cerrada en torno a una empresa, Sitnosport, a través de la cual actuaron el propio Oliver y Daniel López Ramos. El administrador único de Sitnosport es apoderado de la conocida Bitton Sport, de la que es administrador único el propio Luis Oliver. LaLiga entiende que Sitnosport es una empresa vinculada al propio Córdoba, y que entre ambas empresas no existe un informe de precios de transferencia que permita discernir la razonabilidad de una transacción entre ambas aparecida en el informe de auditoría realizado por BdO. Tanto en este expediente, como en los otros tres, el Córdoba alegó el principio de «non bis in idem». Es decir, que un hecho no puede ser juzgado dos veces, ya que la entidad blanquiverde entendía que ya en febrero se vieron dichas supuestas irregularidades, a entender del Córdoba, y no hubo resolución alguna. El Juez de Disciplina Social de LaLiga entiende, por el contrario, que en febrero solo se hizo una auditoría, que no es un proceso sancionador y que de diferentes auditorías pueden derivarse múltiples expedientes sancionados, como así ha ocurrido, precisamente, con el club de El Arcángel. También en este segundo expediente la multa para el Córdoba ha sido de 3.000 euros y apercibimiento.

El tercero de los expedientes tiene nombre y apellido, Joaquín Zulategui, que percibió a través de tres empresas diferentes un importe de algo más de 50.000 euros, por lo que LaLiga entiende que dichas operaciones son entre partes vinculadas, ya que en esas tres empresas Zulategui tenía un cargo relevante, además de que en alguna de esas operaciones no existía factura en el momento de la auditoría. Como en los anteriores, la sanción para el club es de 3.000 euros y apercibimiento.

CONSECUENCIAS DE LA SALVACIÓN / Finalmente, el cuarto de los expedientes tiene que ver con los contratos de algunos jugadores -que aún están en la actual plantilla- y las comisiones cobradas por los mismos. Por un lado, la auditoría detecta que, en alguno de ellos, existe dicotomía entre el contrato con algún futbolista y el federativo. En este último, aparece la leyenda «no se ha recurrido a los servicios de un intermediario». Sin embargo, en alguno de esos casos, sí existe el pago de porcentajes de intermediación. El otro punto negro detectado por la auditoría tiene que ver con el famoso «valor de mercado». En base a los contratos firmados en el mercado de enero y los que debían entrar en vigor a partir del 1 de julio, las subidas de ficha de uno de esos jugadores llegan a suponer un aumento de más del 200%. El club alega que algún futbolista llegó al Córdoba procedente del paro y conociendo que el límite salarial estaba agotado, por lo que la propia revalorización de los jugadores una vez lograda la salvación -y ese futuro contrato dependía de dicha salvación- entraba dentro de los parámetros lógicos del mercado. Sin embargo, el Juez de Disciplina Social no lo entiende así. La multa impuesta vuelve a ser de 3.000 euros más apercibimiento por la comisión de una infracción de los artículos 69.3.b) y 69.3.c) de los Estatutos Sociales de LaLiga, como en la mayoría de los tres expedientes anteriores. Así, aunque el Córdoba alegó en cada uno de los expedientes, el club no tiene previsto recurrirlos, según confirmó a este periódico, quedando a la espera de la resolución del último expediente que aún le resta. Una penitencia, a priori, leve para lo que se esperaba al inicio.