La fiscalía y las representaciones de Almazaras de Priego, Almazeite y la cooperativa La Purísima, que ejercen acusaciones particulares, matuvieron ayer en la Audiencia Provincial de Córdoba sus peticiones de condena para los siete procesados --el gerente, presidente, secretario y tesorero de Almazaras, dos directivos de Oligra y un intermediario-- que se sientan en el banquillo por estafa, delitos societarios y falsedad documental, cuyas penas suman 44 años de cárcel. El juicio quedará visto para sentencia previsiblemente el próximo viernes tras el informe de la mayoría de las defensas, ya que ayer solo pudo intervenir la de Narciso Reina, secretario de Almazaras.

Durante cinco sesiones se han juzgado unos hechos ocurridos entre septiembre y diciembre del 2004, periodo en que se firmaron una serie de contratos de compraventa entre Almazaras, Oligra y Oleoaceite que supusieron una pérdidas para la primera de casi 650.000 euros.

La fiscal mantuvo que Pedro Quesada, gerente de la cooperativa, actuó a espaldas del consejo rector y que junto a Francisco García y su hijo José María (de Oligra) "participaron en unas operaciones inexistentes" que se plasmaron más tarde en unos apuntes contables "que están retocados". Añadió que solo hubo intercambios económicos "y no de aceite" y que los precios que figuraban en los contratos estaban fijados para llegar a una cantidad determinada. Por otra parte, extendió la responsabilidades al consejo rector y destacó que el corredor Enrique Fuentes cobró comisiones "que no se corresponden con las cantidades" del producto.

José Antonio Guiote, abogado de Almazaras de Priego, defendió la labor del presidente, Fermín Jiménez, y señaló que de las declaraciones de un testigo, primo de Quesada, se deduce que el dinero que pensaba obtener este último junto a Reina y García (todos ellos socios) se dedicó a la compra de una firma aceitera. Los contratos supusieron que "con seis minutos de diferencia Almazaras perdiera 100.000 euros" y dio por hecho que las firmas del presidente en cuatro pagarés estaban falsificadas porque "nadie ha dicho lo contrario ni ha pedido un contrainforme pericial".