La Guardia Civil ha desmantelado una organización responsable del fraude de más de 150 millones de euros del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en varios estados de la Unión Europea (UE) en la operación Vértigo, que se ha saldado en España con cinco detenidos, dos en Málaga y un en Alicante.
La operación se ha desarrollado en coordinación con las autoridades policiales y fiscales alemanas y holandesas y con el apoyo de Eurojust y Europol, y en el marco de la misma se ha procedido en territorio español al registro de cinco domicilios en Alicante, Málaga y Mallorca, informa la Dirección General de la Guardia Civil.
En la operación han participado doce países, entre ellos nueve estados miembros de la UE y ha culminado con un total de nueve detenidos y veintiocho registros.
Además de España han participado la República Checa, Alemania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Ucrania.
El fraude realizado contra la Hacienda alemana a través del IVA ilegalmente soportado y repercutido se estima en más de cien millones de euros, mientras que en los Países Bajos se han defraudado al menos treinta millones y en la República Checa y Polonia ha ascendido a más de diez millones en cada país.
La operación se inició cuando investigadores de Países Bajos y Alemania observaron cómo eran devueltas grandes cantidades de IVA a varias empresas mediante un tipo de fraude financiero denominado "carrusel", consistente en la tributación de este impuesto a través de complejas operaciones intracomunitarias con las que pretendían dificultar el control fiscal.
La red también utilizaba las llamadas plataformas bancarias alternativas en las que personas o empresas hacen de gestores de capitales mediante cuentas virtuales para gestionar el dinero de otras personas y así poder realizar transferencias de fondos procedentes de actividades criminales y de blanqueo de capitales.
Los responsables de la investigación mantuvieron varias reuniones de coordinación en Eurojust y Europol para identificar y detener a los principales miembros de la organización.
Los implicados utilizaban el citado fraude "carrusel", que consiste en que una empresa ficticia administrada por testaferros o por personas interpuestas o insolventes realiza una adquisición de algún producto real o ficticio a otro país comunitario en la que se repercute y simultáneamente se deduce la cuota de IVA.
Posteriormente, lo venden en el mercado interior a otra empresa que debe soportar el IVA adquiriendo consiguientemente el derecho a su deducción.
Una vez realizada la venta, la primera empresa desaparece sin haber ingresado el IVA repercutido al comprador, generando por tanto un perjuicio a la Hacienda pública en dicha cuantía.
La segunda empresa, que cumple las obligaciones fiscales y se deduce las cuotas soportadas por la primera, vende este producto a una tercera con un estrecho margen de beneficio, consiguiendo de esta forma hacer de pantalla.
La destinataria final podía seguir dos estrategias, funcionaba como una empresa normal que había adquirido dicha mercancía a un precio muy inferior al de la competencia o reiniciaba la cadena de fraude vendiéndola a un país en un país comunitario para solicitar la devolución del IVA soportado por tratarse de una entrega intracomunitaria exenta.
