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EL PP
Los populares han dado un giro y ahora consideran innecesaria la reforma
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NOTICIA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2005
Andalucía se blinda ante el texto catalán
• Los partidos andaluces coinciden en el rechazo del modelo fiscal que propone el Parlament
CARLES PASTOR
BARCELONA
En Andalucía hay un consenso básico. Derechas e izquierdas, nacionalistas y estatalistas, Gobierno y oposición, todos ven en el sistema de financiación del proyecto de Estatuto catalán una amenaza para los intereses de los andaluces.
En otros aspectos, la reforma del Estatuto de Andalucía no está tan alejada del modelo catalán, al menos en sus objetivos de más y mejor autogobierno, aunque se discrepe en la técnica jurídica empleada por los catalanes. Los andaluces, además, adoptan una filosofía menos bronca en las relaciones de su comunidad con el resto de España.
Ildefonso dell'Olmo, ponente del Partido Andalucista, aplaude el contenido del proyecto catalán, menos el título de financiación. El portavoz del PSOE, Manuel Gracia, apenas puede ocultar su disgusto por las propuestas de sus correligionarios del PSC, de las que discrepa profundamente. No quiere ni oir hablar de balanzas fiscales ni de esfuerzo fiscal de un territorio. Concha Cabello, su homóloga de IU, rechaza el modelo bilateral catalán. Antonio Sanz, portavoz del PP, discrepa absolutamente de todo.
La igualdad como principio
El PSOE e IU han pactado esta semana una propuesta de financiación para Andalucía con unos criterios y principios generales para que se recojan en el sistema que finalmente apruebe para todas las autonomías el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El PA posiblemente acabará por sumarse a ese acuerdo de ponencia. El PP, no, porque en las últimas semanas ha decidido desmarcarse de los trabajos de reforma.
Los criterios de financiación aprobados tienen como principio básico la igualdad en el acceso y prestación de servicios y bienes públicos en todo el territorio español, y como principios igualmente importantes pero subordinados al anterior: la autonomía financiera; la suficiencia (atendiendo fundamentalmente al criterio de población); la neutralidad fiscal interterritorial; la nivelación de servicios; la responsabilidad fiscal (una agencia tributaria propia para gestionar sus recursos tributarios y coordinada con la estatal); la multilateralidad y la solidaridad interterritorial, entre otras.
El PSOE tiene a gala que su compromiso con la reforma estatutaria andaluza es anterior al tripartito catalán y al plan Ibarretxe. Y los andaluces en general hacen ostentación de que su comunidad rompió los diques constitucionales con un referendo en febrero de 1980 que le permitió alcanzar un Estatuto de primera al que no están dispuestos a renunciar bajo ningún concepto.
La tramitación del Estatuto catalán no sólo les afecta por el modelo de financiación. La estrategia de Mariano Rajoy de utilizarlo como ariete para derribar a José Luis Rodríguez Zapatero inquieta a los socialistas andaluces y ha arrastrado al PP andaluz a un cambio de actitud ante su reforma estatutaria.
En junio pasado, el presidente regional del partido y exministro de Trabajo, Javier Arenas, afirmaba en relación a las coincidencias con el PSOE en la reforma estatutaria: "Algunos días me levanto y digo que el nivel de acuerdo es del 90% y otros, que me llaman carroñero, digo que el 80%". Ahora, su mano derecha, el portavoz Sanz, reclama que se suspenda la reforma andaluza a la espera de cómo acaba el proyecto catalán en asuntos tan básicos como competencias y financiación. Para Sanz, en Andalucía no hay necesidad de reformas estatutarias y de más competencias. Lo que hay es un mal gobierno y malas políticas de Chaves. Lo máximo que admite son algunos retoques para modernizar y poner al día el Estatuto.
El PSOE quiere presentar el proyecto en las Cortes a mediados del 2006, para que pueda ratificarse en referendo al año siguiente. Manuel Gracia, portavoz parlamentario del PSOE, no se atreve a decir si será un nuevo Estatuto o una reforma, pero admite que el nuevo texto doblará en extensión al actual.
El proyecto definirá a Andalucía como nacionalidad histórica (ahora se utiliza una fórmula alambicada para decirlo sin decirlo), aunque PA e IU quieren que se hable de nación; incluirá un capítulo de derechos y deberes parecido al Estatuto catalán; tratará de blindar las competencias, aunque sin la exhaustiva enumeración del proyecto de Catalunya, sino mediante una cláusula de salvaguardia; reivindicará competencias en puertos y aeropuertos, el traspaso de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, el derecho a intervenir en la redacción de tratados internacionales que afecten a la comunidad, y en general, la codecisión en todo aquello que interese a Andalucía.