La ley dice que todas las personas que no se valen por sí mismas tendrán sus necesidades cubiertas
SILVIA ALCOBA
"La ley es un camino que empieza hoy y terminará cuando no haya ni un dependiente desatendido", dijo Fernández de la Vega
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NOTICIA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DEL 2005
Los españoles cobrarán por cuidar
a familiares que dependan de ellos
• El Gobierno da vía libre a la ley de dependencia, que atenderá a 200.000 personas en el 2007
• Administración central y autonómica pagarán el servicio y el usuario contribuirá según su renta
OLGA PEREDA
MADRID
El Sistema Nacional de Dependencia, el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones, ya está en marcha. El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al anteproyecto de ley de autonomía personal, que hará posible que todas las personas que no se valen por sí mismas tengan sus necesidades cubiertas "vivan donde vivan", según el ministro de Trabajo, Jesús Caldera. La norma consagrará la figura del cuidador familiar, que cotizará a la Seguridad Social y percibirá una ayuda económica. "La ley es un camino que empieza hoy y terminará cuando no haya ni un dependiente desatendido", dijo la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega.
EL FUNCIONAMIENTO
La norma estará a pleno rendimiento en el 2015
Una vez supervisado por los órganos asesores del Gobierno, el anteproyecto de ley tendrá que volver a pasar por el Consejo de Ministros, que lo aprobará y lo convertirá en proyecto de ley. Éste pasará entonces al Parlamento, donde tendrá que ser ratificado definitivamente. Caldera destacó que la ley comenzará a aplicarse en el 2007. Ese año, según los cálculos realizados por el ministro, serán atendidas unas 200.000 personas. En el 2008, las ayudas sanitarias, sociales y económicas previstas en la norma llegarán a otros 160.000 dependientes más.
En el 2009, la lista se aumentará en 213.000 personas. De ahí hasta el 2015 --año de la entrada en vigor definitiva de la norma-- habrá otro medio millón de beneficiados.
Tras recordar que en España más de 1,1 millón de personas sufren una dependencia grave, Caldera afirmó que la norma supondrá un respiro no sólo para los afectados sino también para sus familiares. En la actualidad, la atención a los dependientes se realiza en el ámbito del propio hogar. Es más, un 83% de los cuidadores son mujeres, que se ven imposibilitadas para entrar en el mundo laboral.
Para evitar esta situación, la ley consagrará la figura del cuidador familiar, que cotizará a la Seguridad Social y percibirá una ayuda económica, que aún está por determinar. De todos modos, el texto aprobado ayer asegura que el beneficiario podrá optar or ser atendido en su ámbito familiar "de modo excepcional y siempre que se den las circunstancias oportunas".
LOS BENEFICIARIOS
Los menores de 3 años quedan excluidos del plan
Los titulares del nuevo derecho deberán cumplir dos requisitos: ser personas dependientes y tener más de 3 años de edad. El grado de dependencia será decidido por un equipo de técnicos, nombrados por el Gobierno. Habrá tres escalafones: moderado (necesita ayuda una vez al día), severo (requiere atención dos o tres veces diarias) y gran dependiente (precisa la presencia constante de un cuidador).
Cada beneficiario dispondrá de un programa integral de atención personalizada. La función básica de la ley será la prestación de servicios. En casos excepcionales, cuando la red asistencial no sea suficiente, se concederá un ayuda económica para que la persona dependiente pueda adquirir esos servicios en el mercado privado. La cuantía será variable y dependerá del grado de dependencia y la capacidad económica que tenga el beneficiario, según explicó el titular de Trabajo.
Los servicios para la promoción de la autonomía personal incluirán la teleasistencia, la asistencia personalizada y las ayudas para hacer el hogar más accesible al enfermo. Mientras, los servicios de atención y cuidado incluirán la ayuda a domicilio, así como la obtención de plaza en centros de día, centros de atención especializada y residencias.
Las cifras oficiales confirman que, actualmente, la asistencia social que reciben los dependientes en el conjunto de España es muy escasa. Sólo el 3,14% de los mayores de 65 años dispone de servicios de ayuda a domicilio. El 2% goza de la teleasistencia y el 0,46% ocupa una plaza en un centro de día.
LA FINANCIACIÓN
El sistema de dependencia costará 9.000 millones
El Sistema Nacional de Dependencia costará unos 9.000 millones de euros al año, una cifra que se aproxima al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) español. La financiación correrá a cargo de la Administración central (50%) y las comunidades (50%). En un principio, el dinero que debe pagar el Estado provendrá del superávit de la Seguro, que, precisamente ronda el 1% del PIB. Después pasará a costearse a través de impuestos. En ningún caso, el Gobierno creará una tasa especial.
La financiación de la norma requerirá un pacto con las autonomías, que recibirán la totalidad de los recursos que se destinen a la dependencia. Los ayuntamientos también colaborarán, básicamente con la cesión de terrenos para construir residencias.
No obstante, la asistencia social no saldrá gratis para el bolsillo de los ciudadanos. Éstos, según recordó Caldera, participarán económicamente en función de su renta y su patrimonio "de forma equilibrada".
Por último, Caldera avanzó que la contratación de seguros de dependencia privados conllevará beneficios fiscales.
EL INFORME
El 78% de los mayores prefieren vivir en su casa
Una encuesta realizada por Edad & Vida --un instituto para la mejora de la calidad de vida de los mayores-- revela que el 78% de las personas con más de 55 años, en caso de tener alguna limitación en el futuro, preferirían vivir en su propia casa y tener ayuda a domicilio antes que residir en un centro especializado (opción escogida sólo por el 16,3% de los consultados). El 5,6% de los encuestados optaría por vivir en casa de familiares en caso de sufrir algún tipo de dependencia que le prive de su autonomía.
Según el presidente de Edad & Vida, Higinio Raventós, el estudio desprende la necesidad que tienen las administraciones para estudiar la situación actual de la infraestructuras de las viviendas y realizar las reformas necesarias para que los mayores sigan viviendo en su domicilio.
Los encuestados, en general, emparejan las residencias con sentimientos de resignación y pérdida de autonomía. Raventós aseguró que otra de las tareas importantes que debe ser llevada a cabo por las administraciones son campañas de publicidad para "consolidar la imagen de los centros para mayores como servicios de alto valor añadido".
El estudio de Edad & Vida confirma que los menores de 70 años son el colectivo que más se interesa por las residencias, justo lo contrario de lo que sucede con los mayores de 75 años.