el órdago independentista acrecienta la tensión política

Rajoy descarta hablar con quien plantea un «chantaje al Estado»

El jefe del Gobierno se reunió con el arzobispo de Barcelona el martes, y Junqueras lo hizo ayer. Iglesias pide al presidente aceptar la mediación y el líder del PP exige primero retirar la independencia

EFE

Tres días después del 1-O se suceden los llamamientos al diálogo y los ofrecimientos a mediar entre el Gobierno y la Generalitat, aunque el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ya ha dejado claro que no puede hablar con quien chantajea al Estado. Llamamientos que llegan un día después del mensaje institucional del Rey -seguido por casi 12,4 millones de espectadores-, en el que Felipe VI advirtió de que, ante la situación «de extrema gravedad» en Cataluña, los «legítimos poderes del Estado» deben asegurar «el orden constitucional».

El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, tras celebrar una mesa de partidos con fuerzas nacionalistas, pidió en vano a Rajoy y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que pacten un equipo de mediadores para desbloquear el diálogo.

Fuentes del Gobierno indicaron que Rajoy rechazó esa propuesta por considerar que no puede hablar con quien ha planteado un «chantaje tan brutal al Estado», en alusión a Puigdemont.

Iglesias ha hablado con Rajoy para transmitirle su iniciativa y el jefe del Ejecutivo le ha explicado que lo que tiene que hacer Puigdemont es renunciar a la declaración unilateral de independencia, que «no es negociable».

Mientras tanto, ayer trascendió que Rajoy se entrevistó el martes por la tarde con el arzobispo de Barcelona, el turolense Juan José Omella, y el de Madrid, Carlos Osoro, una reunión que no ha sido confirmada ni por Moncloa ni por la Conferencia Episcopal, por tratarse de un encuentro privado.

En Cataluña, la Generalitat también inició contactos con el Arzobispado de Barcelona y con el abad de Montserrat a fin de sondear la posibilidad de que ejerzan un rol de mediación en la cuestión catalana.

Mediación ha reclamado además la «Comisión independiente para la mediación, el diálogo y la conciliación» constituida ayer, que ha emplazado al Gobierno y a la Generalitat a descartar decisiones inmediatas «sobre el modelo político organizativo» y a restablecer el normal funcionamiento de las fuerzas de seguridad en Cataluña.

Representantes de una decena de entidades catalanas, entre ellas universidades y organizaciones sindicales y patronales, a las que se ha sumado el FC Barcelona, han constituido en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona esta comisión que lidera María Eugenia Gay, decana del colegio, ante la necesidad urgente de buscar una salida que ponga fin al «clima de tensión».

La demanda de llegar a una solución mediante el diálogo dentro de la ley ha unido a todos los portavoces de grupos europeos en el Parlamento Europeo en un debate en el que la Comisión Europea subrayó que sólo le incumbe a los españoles su futuro y que, por ello, Bruselas no mediará.

Otro que se ha ofrecido a mediar ha sido el líder del PSC, Miquel Iceta, que asimismo ha pedido por carta a Puigdemont que «evite la proclamación de resultados del 1 de octubre y una ulterior declaración unilateral de independencia» para permitir una «resolución democrática del conflicto».

En cambio, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, dijo que no ve justificación para una mediación de la UE ante el desafío independentista catalán, porque «no se trata de un conflicto entre dos partes, sino del cumplimiento de la ley, del Estado de derecho y el mantenimiento de la democracia en España».

También ayer, la Junta Electoral Central (JEC) adoptó un acuerdo en el que ratifica que «carecen de todo valor los que se vienen presentado como resultados del llamado referéndum de autodeterminación» catalán.

Según la JEC, el «sujeto que lo convocó» es «incompetente», su «forma» vulneró resoluciones firmes del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y su objeto fue «inconstitucional», además de que hubo una «notoria ausencia de toda garantía de objetividad y transparencia en su desarrollo, escrutinio y control».

Ante el anuncio del martes del PSOE de reprobar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por la actuación policial del domingo en Cataluña, fuentes de la dirección del grupo socialista han asegurado que el líder del partido, Pedro Sánchez, cuenta con el apoyo de la Ejecutiva.

Y es que esa iniciativa ha generado cierto malestar entre los socialistas. Por ejemplo, ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha demandado que se retire la reprobación para «no distraer a la gente» de la cuestión principal que es reprobar a los golpistas».

En medio de la tensión, también está sobre la mesa la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los más vehementes con este tema son los dirigentes de Ciudadanos. Su portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha pedido a Rajoy que «no titubee», que «no lo dude más» y que aplique ya ese artículo para convocar elecciones.

Para el ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba hay que renovar el pacto de convivencia de 1978 a través de una reforma de la Constitución en clave federal y también del Estatuto autonomía de Cataluña porque, a su juicio, nunca es tarde para evitar una «catástrofe».

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