Las reacciones

Junqueras dice que no usaron fondos públicos para el 1-O

La jueza Lamela indica que hubo un plan para alentar a la insurrección. Reconoce que la Generalitat aportó dinero al referéndum antes del auto del TC

El exvicepresidente de la Generalitat.
AP

J. G. ALBALAT / ÁNGELES VÁZQUEZ

Las declaraciones del exvicepresidente y los siete exconsejeros de la Generalitat cesados, que están encarcelados por presunta rebelión y sedición, fueron breves, pues solo respondieron a las preguntas de sus abogados, Jaume Alonso-Cuevillas (que defiende a los miembros del PDECat) y Andreu Van Den Eynde (que representa los de ERC). Todos ellos, según las fuentes consultadas, aseguraron a la jueza Carmen Lamela que nunca han alentado la violencia y siempre han defendido sus ideas políticas de forma pacífica. Incluso algunos de ellos, como el exvicepresidente Oriol Junqueras, usó sus creencias religiosas para reforzar este argumento, según fuentes jurídicas.

De esta manera, los investigados intentaron demostrar que su actuación no ha sido violenta y que lo que pretendían era dar cumplimiento a la voluntad popular. La fiscalía sostiene, sin embargo, que existió violencia intimidatoria y que la acción del depuesto Govern fue «meditada y perfectamente organizada», incumpliendo durante dos años las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).

Las mismas fuentes judiciales consultadas por este diario han asegurado que a Junqueras y al exconsejero de Justicia Carles Mundó su abogado les preguntó si fondos públicos de la Generalitat habían sido utilizados para la organización del referéndum unilateral del 1-O. Los dos lo negaron rotundamente y, al ser interrogados, con ironía, sobre de dónde salió el dinero para pagar los gastos, respondieron que suponían que de aportaciones particulares y de donaciones.

En este sentido, los investigados han aportado a la causa un certificado de la Intervención General de la Generalitat que corrobora que no se registraron salidas de dinero para cubrir los gastos de la consulta soberanista. La Administración autonómica solo desembolsó 18.000 euros para cubrir uno de los servicios vinculados al referéndum, pero se hizo antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera las partidas presupuestarias que estaban dirigidas al impulso y organización del 1-O.

GRUPO ORGANIZADO / A pesar de las explicaciones ofrecidas por el exvicepresidente y los exconsejeros, la jueza Lamela redactó un duro auto de prisión contra ellos. La resolución reseña: «Cobra especial importancia el papel que todos los querellados protagonizaron desde sus cargos públicos, sin los cuales el proceso independentista no hubiera podido impulsarse». Argumenta que el Govern operaba «dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyado por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la justicia».

Para la consecución del plan, apunta, «se valieron de la población, alentando actos de insurrección pública, desobediencia y resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios y sometiendo a los agentes a un incesante acoso».

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