El desafío soberanista

La fiscalía investiga la expulsión de policías como delito de odio

Interior ordena a los agentes que no abandonen los hoteles catalanes. Avala las cargas del 1-O porque «no afectaron a la convivencia»

REDACCIÓN

La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para averiguar si la expulsión de policías y guardias civiles de los hoteles de Calella y Pineda de Mar (Barcelona) constituye un delito de odio y si en los hechos pudieran estar implicados los responsables municipales de las poblaciones donde se han producido estos episodios. Además, el Gobierno ordenó ayer a los agentes que no abandonen ningún establecimiento hotelero siempre que haya contrato en vigor. La fiscala jefa de Barcelona, Ana Magaldi, ha encargado las pesquisas al fiscal especial de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, que ya ha solicitado a la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía que recabe información.

El Ejecutivo y el Ministerio Público reaccionaron así al «acoso» que están sufriendo los agentes destinados en Cataluña tras las cargas policiales del 1-O, en concreto contra la decisión de los hoteles de esas dos localidades de forzar su salida y contra la posible implicación de los «responsables municipales» en esa decisión. Unas decisiones que investigará la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona por si fueran constitutivas de delitos de amenazas, coacciones y contra los derechos fundamentales y libertades públicas «cometido por la pertenencia de los afectados a la nación española».

Horas antes de conocerse la orden de Interior, la cincuentena de agentes de la Guardia Civil alojados en el Hotel Bruc Restaurant, ubicado junto a la autovía A2 y el macizo de Montserrat, había abandonado el establecimiento conminados por la dirección, que les reprochó la actuación de las fuerzas de seguridad el 1-O, y ante unas 500 personas que se concentraron con gritos de «fuera, fuera, fuera» e insultos.

Por contra, policías y guardias que actuaron el 1-O recibieron ayer el aval de la fiscalía, que se ha opuesto a una denuncia interpuesta por la Generalitat al considerar que su actuación para impedir el referéndum suspendido por el TC no afectó «en absoluto a la normal convivencia ciudadana», porque los agentes actuaron en «legítima defensa».

No obstante, durante todo el día se mantuvo una multitudinaria protesta ante la Jefatura Superior de Policía de Barcelona y, desde el domingo, centenares de personas continúan manifestándose frente a los hoteles donde se alojan parte de los policías y guardias desplazados a Cataluña con intención de que se les expulse. El lunes fue en Calella y también estaría pasando en Pineda de Mar, donde el gerente de los hoteles Checkin hizo público un escrito en el que aseguraba que se había visto obligado a desalojar a los policías, bajo la amenaza del Ayuntamiento –gobernado por el PSC– de cerrar los establecimientos durante cinco años.

Horas después, el ayuntamiento y la cadena hotelera negaron en un comunicado conjunto esas presiones, y el consistorio precisó que se limitó a plantear a la Delegación del Gobierno si los agentes podían adelantar unos días su salida de los hoteles, prevista para el 5 de octubre.

La cuestión es que ayer continuaban los policías en los establecimientos de Pineda de Mar por orden del ministro Zoido, quien se reunió de urgencia con la cúpula de Interior y señaló directamente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como inductor del acoso y del «odio» que sufren los agentes.

Por último, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha requerido a Diego Pérez de los Cobos, cargo del Ministerio de Interior que comandaba el dispositivo para impedir el 1-O, un informe sobre su «plan de coordinación», detallando el cometido de cada cuerpo policial, y sobre los «incidentes» ocurridos.

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