El desafío soberanista 888

La Audiencia Nacional imputa al mayor Trapero por sedición

También están investigados los líderes de la ANC y de Òmnium. El mando de la policía catalana está citado mañana por las protestas del 20-S

Josep Lluis Trapero es el mayor de los Mossos.
ALBERT BERTRAN

Á. VÁZQUEZ

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha comenzado a instruir con contundencia la denuncia presentada por la fiscalía por sedición a raíz de las protestas que se produjeron en Barcelona los días 20 y 21. A petición del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha citado a declarar mañana como imputado al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

También interrogará por este delito a la intendente de los Mossos en el Eixample, Teresa Laplana, el mando del cuerpo durante las movilizaciones en las que se acosó a la comisión judicial que en nombre del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona asistió a los registros hechos en distintas sedes de la Generalitat y en las que se destrozaron varios vehículos de la Guardia Civil. Fue la responsable del operativo de la policía autonómica a la que se dirigieron sin éxito en varias ocasiones los guardias civiles que participaban en el dispositivo ordenado por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, según consta en el atestado que este cuerpo envió al juzgado barcelonés.

Ambos mandos ya han anunciado que aprovecharán su declaración para aportar a la jueza toda la documentación de la que disponen sobre el dispositivo policial que realizaron ese día. Los Mossos han precisado en una nota que tanto en esa actuación como en las demás en las que han participado «han dado estricto cumplimento a las instrucciones y órdenes recibidas de la fiscalía y la autoridad judicial» y se han realizado con «máximo rigor y profesionalidad». Una afirmación que no comparten el resto de cuerpos, al menos a la hora de impedir la consulta del 1-O, lo que ha llevado a la Unión de Guardias Civiles a denunciar a Trapero por la actuación de los Mossos el día del referéndum unilateral.

ARENGAR A LAS MASAS / La magistrada también ha citado mañana a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. La denuncia del fiscal describía la actuación que tuvieron durante las protestas. De Trapero decía que el titular del juzgado número 13 le ordenó por teléfono que tomara medidas para proteger a la comisión judicial.

Según la denuncia, que relataba cronológicamente lo ocurrido en la movilización que se produjo contra el arresto de 14 personas por su vinculación con el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, Sànchez se dirigió a los concentrados para decirles: «El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos», y «que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa». Cuixart pidió que la protesta continuara subido a un coche de la Guardia Civil.

La fiscalía se centraba en el acoso sufrido por la comisión judicial que participaba en el registro de la Consejería de Economía, por el que la letrada de la Administración de Justicia (antes, secretaria judicial) tuvo que salir por la azotea y los guardias civiles estuvieron hasta 18 horas sitiados. La sedición esta penada hasta con 15 años de cárcel.

En este contexto, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentó ayer ante el Tribunal Supremo una querella contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, y contra el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, por presunta prevaricación y usurpación de funciones por las actuaciones emprendidas para impedir el referéndum del 1-O.

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