Editorial

El reto de invertir 18,8 millones de euros en Córdoba

Un pleno extraordinario celebrado el miércoles pasado en el Ayuntamiento de Córdoba dio vía libre a la propuesta de inversión de los 18,8 millones de euros del superávit de las cuentas del ejercicio del 2017. La propuesta se aprobó con los votos de los grupos que forman el gobierno municipal, PSOE e IU, y los de Ganemos, que expresó alguna discrepancia pero se posicionó a favor. Tras años de angustia económica y recortes, tras el saneamiento de las cuentas por el anterior gobierno local del PP a costa de grandes ajustes, el Consistorio se encuentra con la posibilidad de aumentar el gasto, siempre en inversiones de las llamadas «financieramente sostenibles», es decir, las que por ley se autorizan a las corporaciones locales que estén al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, que podrán destinar su superávit a proyectos de infraestructuras que no generen un incremento de gasto posterior para las arcas del Ayuntamiento, como ocurriría si se creasen nuevos servicios que exigieran contratar personal o empresas de mantenimiento. Una oportunidad que el equipo de gobierno ha trasladado a distintas obras y dotaciones, desde remodelaciones de acerado, accesos y plazas hasta mejora y sustitución del alumbrado en distintos puntos --con criterios de ahorro energético-- adquisición de vehículos para Sadeco, mejoras del confort térmico en colegios y continuación de las reformas que se efectúan en el Gran Teatro. La decisión no está exenta de polémica, dado que la interventora del Ayuntamiento pone reparos a varios proyectos y, además, ha instado a la Corporación a dedicar al menos 8,7 millones a amortizar la deuda. Algo que probablemente pocos ayuntamientos estarán dispuestos a hacer con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina.

Pero, quizá, la mayor polémica es la política, pues el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, ha aprovechado para reprochar al gobierno local que no haya intentado alcanzar un acuerdo respecto de esas inversiones programadas, y ha centrado sus críticas en un punto especialmente sensible: la capacidad de gestión del ejecutivo cordobés. En una línea similar han reaccionado Ciudadanos y UCOR, afeando al gobierno local que quedan por invertir 7,4 millones de euros de las inversiones sostenibles aprobadas el año pasado. Descartando el mes de agosto, de escasa actividad a todos los efectos, el tiempo para hacer realidad los acuerdos plenarios se reduce a un trimestre, lo que hace prácticamente imposible su ejecución. Eso sí, la agilidad podría demostrarse si al menos se pusieran en marcha y se iniciaran la mayor parte de estas iniciativas. Así, tras años de crisis con las manos atadas, llega la paradoja a la política municipal: tener una importante cantidad presupuestada, 18,8 millones de euros, y afrontar el desafío de conseguir gastarla en tiempo y forma a beneficio de la ciudad.

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