Editoriales

La reforma de las pensiones

Un cruce y una suma de irresponsabilidades ha provocado que, desde el arranque de la última legislatura española, Cataluña haya monopolizado el debate político y social. Mientras tanto, uno de los pilares básicos del Estado del bienestar –junto a la sanidad y la educación–, el sistema de pensiones, acumulaba un déficit de 18.000 millones de euros mientras consumía la hucha creada tras el Pacto de Toledo, el último intento de forjar un acuerdo político y social en torno a este asunto. Las pensiones en España tienen problemas y amenazas estructurales y coyunturales que se deben analizar y debatir con urgencia, tanto en el Congreso como con los agentes sociales. Entre los déficits estructurales está la ambigüedad con que se constituyó. Estamos ante un sistema de pensiones que funciona sobre la base del reparto –los beneficiarios de hoy cobran lo que aportan los cotizantes de hoy– aunque una buena parte de la población está convencida de que participa en un sistema de provisión, es decir, que sus prestaciones dependen de las aportaciones que hizo en el pasado. De igual manera, el sistema español de pensiones sigue financiando con las aportaciones de los trabajadores activos las pensiones no contributivas, es decir, las de quienes reciben una pensión que deberían financiarse con los impuestos. Diciembre pasado se cerró con un aumento de 96.000 pensionistas, 611.146 nuevos cotizantes y la población ocupada sumó 18.460.201 personas. Para hallar una cifra similar hay que remontarse a diciembre del 2008, en vísperas del estallido de la crisis. La sostenibilidad del sistema depende, entre otras cosas, de la ratio entre cotizantes y pensionistas que ahora está en 2,23, la cota más baja desde 1999. En paralelo ha ido disminuyendo el fondo de reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha, hasta casi estar vacía. Cuando Rajoy llegó al Gobierno, el fondo tenía acumulados 66.815 millones Hoy, el fondo solo cuenta con 8.095 millones. A estos desajustes de fondo se han sumado tres factores coyunturales: la curva demográfica, la crisis económica y, muy especialmente, el modelo productivo que ha elegido España para salir de ella. Estamos viviendo la jubilación de la generación llamada del baby boom. Este era un dato conocido y previsible al que los gestores políticos no hicieron caso, excepto en la creación de la famosa hucha que la crisis se ha llevado por delante. Pero, además, la crisis ha precipitado su impacto como consecuencia de que muchos sectores productivos han optado por las prejubilaciones. De manera que el aumento de perceptores y la disminución de las prestaciones ha llegado antes y con mayor intensidad. Y el futuro no es mucho más alentador puesto que el trabajo precario y temporal agrava el impacto negativo de la demografía. Urge, pues, que este sea el epicentro del debate político y que se busquen soluciones de consenso. Porque, mientras, quienes lo pagan son los pensionistas que se empobrecen en silencio.

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