Editorial

El periplo judicial del 'expresident' Puigdemont

Abandonada la peregrina idea de pedir asilo político en un país de la Unión Europea, todo indica que el president Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers van a apurar todos los plazos que les permite la legislación belga antes de hacer efectiva la orden de detención. De manera que pueden intentar retrasar su entrega a la justicia española un mínimo de 60 días y un máximo de 100. Ayer esquivaron pasar la noche en prisión. Tras prestar declaración ante el juez, el magistrado optó por aplicar medidas cautelares mientras dura el proceso contra la euroorden. Aunque la apariencia sea de colaboración con la justicia, lo cierto es que los abogados elegidos para defenderles son especialistas en la dilación que a menudo no esconde otra cosa que la obstrucción. Puigdemont y los exconsellers pretenden en definitiva ser actores principales en la próxima campaña electoral del 21-D en la que muy probablemente serán candidatos, sea en una lista conjunta o en las del PDECat y de Esquerra.

Los réditos electorales que se buscan son evidentes pero hay que dejar también en evidencia los efectos nocivos de este circo: la reiterada presencia de la mitad del Gobierno destituido en la prensa internacional no ayuda en absoluto a recuperar la confianza ni de los turistas, ni de los inversores ni de las instituciones europeas que pueden rozar el hartazgo con la causa catalana aunque despierte alguna simpatía interesada. Especialmente, porque el final es inevitable: acabarán ante los tribunales españoles. De igual manera, como ya se evidenció en el auto de ingreso en prisión preventiva de la otra mitad del Gobierno cesado, la fuga a Bélgica complica la salida en libertad de los encarcelados puesto que burla la decisión de la jueza Carmen Lamela. Asimismo, este efecto reflejo con Bélgica perjudica la imagen de la justicia española. Mientras el juez de Bruselas dejó ayer en libertad condicionada a los allí detenidos, para muchos puede hacerse más evidente la desproporción del ingreso preventivo en Madrid, como ya han señalado múltiples expertos juristas.

El asunto catalán, pues, vivirá en los próximos dos meses una doble partida: la política con las elecciones del 21-D y la judicial en el frente de España y en el de Bélgica. Demasiado ruido para que se encauce una solución que, como dijo ayer en Zaragoza el secretario general del PSOE, solo puede ser política y no penal. La justicia tiene que hacer su trabajo, pero la política también y prepararse para seguir haciéndolo en todos los escenarios posibles, el del vuelco electoral, pero también el de la repetición de una mayoría independentista.

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