Editorial

Un pacto presupuestario de corte social

El acuerdo entre el PSOE y Podemos para subir las pensiones conforme al IPC real y el compromiso del Gobierno de modificar la ley de estabilidad parlamentaria para evitar el veto del PP en el Senado a medidas que obligarían a ampliar el objetivo de déficit proporcionan un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, el contenido social de las propuestas beneficia a los dos partidos que las alientan. Por un lado, permiten al presidente socialista presentar un primer gran pacto con repercusión en uno de los sectores de la población más castigados durante la crisis y demostrar capacidad de gobierno. Y, por el otro, ofrece a la formación de Pablo Iglesias unas condiciones con avances progresistas suficientes ante sus votantes a la hora de situar en la estación de salida los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

Pero encarrilar las cuentas del 2019 resulta solo un primer paso teniendo en cuenta la aritmética parlamentaria y la diversidad de los grupos que deberían respaldarlas. Ayer, los grupos de PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís registraron una proposición de ley para acabar con la posibilidad de que el Senado (donde el PP posee mayoría absoluta) pueda vetar la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno En esta voluntad de buscar respaldo hay que situar el acuerdo para dedicar una partida presupuestaria a expulsar los camiones de la N-340 y desviarlos a la AP-7, una vieja reivindicación de los distintos gobiernos de Cataluña y de los usuarios de la vía, que sufren desde hace muchos años un altísimo índice de siniestralidad y de incidencias. La decisión solo puede interpretarse como un guiño a PDECat para obtener su apoyo.

Mientras, Pablo Casado ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma legal que pretende evitar que el PP vete en el Senado el aumento del techo de gasto y acusa a Sánchez de cargarse la «separación de poderes». Pero el uso del TC como instrumento de freno al Gobierno socialista, avanzado ya contra la exhumación de los restos de Franco, se contradice con los hechos, ya que el propio Ejecutivo de Rajoy no tuvo reparos en fijar por ley el objetivo de déficit en el 2012. Es comprensible la reacción popular después de ser apeados del Gobierno por una moción de censura, pero si las propuestas negociadas entre socialistas y Podemos acaban recibiendo un respaldo parlamentario suficiente con el apoyo de los grupos catalanes y del PNV, plenamente democrático, sería difícilmente justificable el recurso ante el Constitucional.

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