Editorial

Independentismo y la fuerza de la ley

Las distintas situaciones en torno al independentismo que se han vivido durante los últimos días en las sedes judiciales invitan a una cuidada reflexión a los que se han apresurado a señalar la falta de independencia de la justicia española. Una reflexión que deberían estar haciéndose los que han creado en España una situación de grave crisis de Estado, y que intentan mantener la tensión a toda costa desprestigiando a las instituciones dentro y fuera de nuestras fronteras. Para quienes albergaban dudas sobre la independencia de los jueces y desconfiaban de la ley como método de respuesta al desafío unilateral del independentismo, la declaración de los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament es un ejemplo a considerar. La presidenta Carme Forcadell y el resto de los encausados quedaron en libertad, la mayoría tras pagar una fianza. El juez del Tribunal Supremo tomó una decisión diferente a la juez de la Audiencia Nacional porque diferente fue también la actitud de los investigados, siguiendo en este caso el buen consejo de sus abogados. Lo sustancial es que en estas declaraciones aceptaron las reglas del juego. En primer lugar porque respondieron a las preguntas de las partes, no solo a las de sus abogados. Decidieron colaborar con la justicia en lugar de obstruirla. E igualmente acataron la legalidad vigente, como ya habían hecho, por cierto, tras la aprobación de la aplicación del artículo 155, y se pusieron a actuar como diputación permanente tras la disolución del Parlament. Con la misma contundencia reconocieron lo ya explicado, que la declaración de independencia no se votó sino que formó parte de la exposición de motivos de la resolución efectivamente aprobada. Este giro estratégico --que, ojo, no tiene por qué suponer una intencionalidad futura de colaboración-- convendría recibirlo con grandes dosis de serenidad. Es un triunfo del Estado de derecho que no debe exhibirse como una venganza ni como el resultado de una coacción o de un chantaje. La serenidad es imprescindible para esto que se ha llamado «desescalar el contencioso catalán».

La declaración de la presidenta Forcadell ante el Supremo en estos términos no es un asunto menor. Puede marcar el camino de la hoja de ruta que finalmente comparta el independentismo en los programas que presenten, sean conjuntos o compartidos, en las elecciones del 21-D. La renuncia a la unilateralidad, el acatamiento de las leyes vigentes y los métodos para reformarlas o el respeto a las sentencias y decisiones judiciales pueden alterar tanto el perímetro del voto independentista como el esquema de las futuras mayorías para gobernar. Jueces y fiscales aplican la ley de acuerdo con los actos de los ciudadanos. Retractarse de un acto no es necesariamente renunciar a una idea o a un proyecto que hay que respetar en todo caso y en toda circunstancia, se comparta o no. Demos la bienvenida a los que así lo han hecho.

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