Editorial

La correa del juicio del caso Gürtel aprieta al PP

Los empresarios acusados de la trama valenciana del caso Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, habían responsabilizado ya al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps de haber «ideado, creado y ordenado» el sistema de financiación ilegal del Partido Popular en esa comunidad autónoma, en palabras del «amiguito del alma» apodado el Bigotes. Pero este miércoles la acusación subió un grado, porque fue nada menos que Ricardo Costa, exsecretario general del partido en Valencia, quien ratificó el relato del fiscal y las confesiones de los integrantes de la trama al admitir que el PP valenciano se financiaba con dinero negro --habló en concreto de lo ocurrido en el año 2007-- por orden de Camps. Es la primera vez que un alto cargo del PP admite la financiación ilegal.

Tanto el expresidente valenciano como el exvicepresidente Vicente Rambla niegan los hechos. Camps, miembro ahora del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de la Generalitat valenciana, lamentó que «el derecho a la defensa incluya la obligación a la ofensa», aunque en este caso su negativa es poco creíble no solo por la coincidencia de versiones, sino porque Costa se enfrenta a una petición de siete años y nueve meses de prisión, sin que hasta el momento se conozca pacto alguno con la fiscalía de reducción de condena. La situación de Camps se complica: las Cortes de Valencia votarán hoy para pedirle que renuncie a su cargo en el CJC.

Aunque declaró que al menos dos actos electorales de Mariano Rajoy en Valencia fueron sufragados en parte con dinero opaco, Costa desvinculó de la trama valenciana a la dirección nacional del partido. Pero el cerco de la corrupción rodea cada vez más al PP, por lo que Rajoy no puede despachar de nuevo el asunto, como hizo ayer en una entrevista radiofónica, diciéndole al periodista que él no sabía nada «de eso de lo que usted me habla» y que, en todo caso, ninguna de las personas que están siendo juzgadas por los tribunales pertenece ya al PP. Es como si para eludir responsabilidades por la corrupción bastara con suspender o expulsar del partido a los implicados. O clausurar la organización y crear otra con distinto nombre y las mismas personas, como hizo Convergencia en Cataluña.

La corrupción es un cáncer que se había extendido como una metástasis por los organismos del PP y cuyas consecuencias están lejos de haber sido eliminadas. Ahora mismo, C’s se niega a aprobar los Presupuestos mientras la senadora Barreiro, imputada en la trama Púnica, no deje el escaño, tal como fija el pacto que facilitó el apoyo de Albert Rivera a la investidura de Rajoy, quien, sin embargo, tampoco se da por aludido.

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