Una setencia del TSJA condena a pagar 317.000 euros a las arcas municipales

La Junta de Andalucía tendrá que abonar esta cantidad al Ayuntamiento por el uso y los gastos originados en el Centro de Los Santos

Instalaciones del Centro Municipal de Los Santos, una parte de las cuales han sido utilizadas durante años por parte de la Junta.
J.A.F.

JUAN A. FERNÁNDEZ LUCENA

El Ayuntamiento de Lucena ha sido notificado por parte de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, confirmándole la sentencia por la que se condena a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, sin que se pueda ejercer su recurso sobre la sentencia ya notificada el día 27 de noviembre. El auto reconoce al Ayuntamiento de Lucena el derecho a percibir la cantidad de 317.425,46 euros, y además se condena en costas también a la administración andaluza. Hay que recordar que el Pleno de Ayuntamiento de Lucena, a raíz de una propuesta de Izquierda Unida, interpuso contencioso administrativo frente a la inactividad de la Junta de Andalucía frente al cumplimiento de sus obligaciones de pago asumidas en virtud del convenio de colaboración y adenda suscrito entre el INEM y el Ayuntamiento de Lucena, de fecha 28 de octubre de 1988 con entrada en vigor el 1 de enero de 1989, para el uso de parte del complejo Los Santos, y de su adenda de fecha 20 de julio de 2001, ascendiendo el importe de la deuda a la cantidad anteriormente citada de 317.425,46 euros. El portavoz municipal, Manuel Lara, se pronunció al respecto y señaló que «como cualquier lucentino la noticia nos produce satisfacción, al igual que cuando se nos notificó la sentencia del millón de la Autovía del Olivar, pues en definitiva es reconocerle a nuestro Ayuntamiento un derecho».

Por su parte, el Partido Popular de Lucena difundió en su día una nota a los medios locales en la que manifiesta que «una vez más queda demostrado el abandono y la marginación con la que la Junta Andaluza trata a nuestra ciudad, que tiene que acudir a los tribunales para que se le reconozcan sus derechos».

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