El desafío soberanista

Prisión eludible a Forcadell con fianza de 150.000 euros

Nuet queda en libertad, al no pedir el fiscal para él más que comparecencias periódicas. El resto de miembros de la Mesa dispone de una semana para pagar los 25.000 euros impuestos

ÁNGELES VÁZQUEZ

El acatamiento del 155 de la Constitución y asegurar que la declaración unilateral de independencia fue «declarativa y simbólica» fue suficiente para el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ingresará en la cárcel, pero la abandonará en cuanto haga efectiva la fianza de 150.000 euros impuesta.

Al portavoz de Junts Pel Sí, Lluís Coromina, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet les ha impuesto una fianza de 25.000 euros a cada uno y disponen de una semana para hacerla efectiva. En el momento en que los cinco paguen sus fianzas tendrán que realizar comparecencias semanales en el juzgado que decidan. Además, deberán entregar su pasaporte y se les prohibirá abandonar el territorio nacional. Joan Josep Nuet ha quedado en libertad provisional.

La petición de la fiscalía de prisión incondicional para Forcadell, Coromina, Simó y Guinó se basaba en la reiteración delictiva que entiende se comete con la mera huida a Bélgica del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se presenta como presidente en el exilio. En el caso de la presidenta del Parlament, el ministerio público la considera, además, «ideóloga de la secesión».

Tras conocer la petición fiscal varios renunciaron expresamente «a las actividades delictivas», lo que, según fuentes jurídicas, pesó en el ánimo del magistrado instructor a la hora de decretar las medidas cautelares acordadas. Coromina y Guinó renunciaron al uso de vías unilaterales en el turno de última palabra que les concedió el juez al acabar la vistilla. Ramona Barrufet también lo hizo, pero durante su declaración.

Gracias a la contundencia que la secretaria cuarta de la Mesa utilizó a la hora de declarar, cuando llegó a afirmar que el referéndum del 1-O fue «ilegal» y que abandonará la política, la fiscalía pidió que pueda evitar la prisión pagando una fianza de 50.000 euros. Para Joan Josep Nuet, los fiscales solo habían solicitado comparecencias, sin especificar la periodicidad. El juez Llarena ni siquiera las acordó.

Durante la vistilla, el ministerio público ha reclamado que los seis imputados hagan efectiva la fianza solidaria de responsabilidad civil por 6,2 millones que solicitaba en su querella. Es la misma cantidad que planteaba en la presentada en la Audiencia Nacional. Cuando ambas causas se acumulen en el Supremo esa cantidad será la que tendrán que aportar los 20 imputados por rebelión.

Al terminar las declaraciones, los cuatro fiscales que intervinieron --la exfiscala general del Estado Consuelo Madrigal, el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y los fiscales del Supremo Jaime Moreno y Fidel Cadena-- se reunieron para valorar los matices que cada imputado había incluido en su declaración y así determinar qué medida cautelar debían solicitar para cada uno de ellos.

LA ESTRATEGIA / La estrategia de Forcadell de desmarcarse de lo hecho por los exmiembros del Govern que acabaron en prisión por decisión de la jueza Carmen Lamela no ha surtido el éxito previsto. Ella había optado por responder a las preguntas del ministerio público en relación con el delito de rebelión que se le imputa y por acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, informaron fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes señalaron que la presidenta del Parlament explicó que la declaración de independencia aprobada el pasado 27 de octubre fue «declarativa y simbólica». Por si aún así había dudas, añadió que «no tuvo validez jurídica». En esa explicación, con unas u otras palabras, coincidieron los demás miembros de la mesa del Parlament que declararon ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Durante las declaraciones los representantes del ministerio fiscal incidieron en la violencia. Todos los imputados señalaron que solo utilizaron vías pacíficas y se desvincularon de cualquier acto violento que se hubiera podido producir.

De todos los citados ayer en el Supremo Forcadell es la que se encuentra en una situación más delicada, no solo por su superior responsabilidad en la Cámara autonómica, sino también porque el miércoles el Tribunal Constitucional la denunció por cuarta vez por desobediencia reiterada.

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