LAS TENSIONES TERRITORIALES

La Moncloa asume que la nueva financiación se retrasará al 2019

La demora en la formación de un nuevo Ejecutivo de la Generalitat prolongará las negociaciones. El Gobierno central ve posible un pacto en el 2018 pero sin resultados prácticos hasta el año siguiente

Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro reciben el informe de los expertos sobre financiación autonómica, el pasado 26 de julio.
EFE / EMILIO NARANJO

ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID

Las más que previsibles dificultades para una pronta formación de Gobierno en Cataluña están llevando al Ejecutivo de Mariano Rajoy a revisar los plazos de su propia agenda política. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en que «en las próximas semanas» se acometerá la negociación política del nuevo sistema de financiación autonómica con el objetivo de lograr un acuerdo en el 2018. Sin embargo, fuentes del Gobierno asumen en privado que el acuerdo no llegará a tiempo de ser incorporado a unos Presupuestos del Estado para el 2018 que serán muy difíciles de negociar.

Siendo así, el sistema no podría tener efectos económicos el próximo ejercicio -tal como pretendía el Ejecutivo y exigen los barones autonómicos- y habría que esperar al 2019. De confirmarse esta hipótesis, se sumaría un año más a la caducidad del actual modelo, y ya serían cinco.

El ministro Montoro ha dicho de forma reiterada que su departamento no puede poner en marcha la negociación política del nuevo modelo de financiación con la ausencia de Cataluña en las conversaciones, afirmación en la que ayer insistía el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, quien aprovechó además para criticar que el sistema actual procede del «error del 2009» cometido por José Luis Rodríguez Zapatero al acordarlo «solo con una parte», pues las comunidades gobernadas por los populares evitaron aprobarlo. En cuanto al futuro método, el anterior Gobierno catalán, presidido por Carles Puigdemont, se autoexcluyó de la negociación al rechazar enviar un representante de la Generalitat a la comisión creada en febrero y, después, al comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se constituyó en octubre.

Desde entonces, el debate sobre el nuevo modelo languidece en reuniones técnicas, sin ninguna propuesta concreta de Hacienda sobre la mesa, a la espera del desbloqueo político de Cataluña. Todo ello en medio de una irritación creciente de los barones autonómicos de uno y otro signo político que han interpretado como un agravio la rápida aprobación que, sin embargo, sí han logrado los regímenes forales del País Vasco y de Navarra.

RECELO ENTRE LOS BARONES

«Vamos muy retrasados», se quejó la consejera balear de Hacienda, la socialista Catalina Cladera, tras la última reunión técnica del 28 de diciembre. «Todavía nos encontramos en reuniones técnicas y el Estado ni siquiera ha convocado a los consejeros al CPFF para mostrarnos su propuesta y poderla discutir», afirma.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), fue el primero en constatar que la situación catalana podría «condicionar» o «alargar durante un tiempo determinado» las negociaciones para el nuevo modelo de financiación autonómica, o bien «retrasar» un acuerdo.

Según los temores expresados por Feijóo, si gobiernan los independentistas, la negociación podría verse «condicionada» bien porque estos decidan no acudir al CPFF o bien porque muestren «un desinterés absoluto» en que haya un acuerdo multilateral y exijan uno bilateral con Cataluña.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), aseguró que durante este año va a estar «enormemente vigilante» para que la «deriva de Cataluña» no se traduzca en un problema financiero para el resto de españoles. García-Page admitió que «va a ser muy complejo» alcanzar un acuerdo en materia de financiación autonómica, pero ha señalado que ese acuerdo no puede pasar «por que se intenten compensar los desastres políticos de Cataluña vía cheques».

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos (PP), también culpó a la «inestabilidad» registrada en Cataluña de «ralentizar» temas de Estado relevantes para la comunidad, como la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, un acuerdo que confía en cerrar en el año que ahora empieza.

Montoro quiere iniciar la negociación política del nuevo sistema a partir de conversaciones con el PSOE en las próximas semanas.

En paralelo, el propio presidente Mariano Rajoy anunció su intención de reunirse en enero con los líderes políticos de las formaciones parlamentarias para negociar los Presupuestos del Estado para el 2018. Con toda seguridad, la financiación autonómica se abordará también en estos contactos.

Montoro dijo en noviembre en el Congreso de los Diputados que su objetivo era lograr un acuerdo de financiación autonómica «en los primeros meses del 2018», de modo que ya pudiera tener efectos económicos este año, previa incorporación al proyecto de Presupuestos del Estado que el Gobierno espera poder tramitar en el Parlamento.

LA AGENDA CATALANA

Sin embargo, ambas negociaciones están lastradas por la agenda catalana. En el caso de los Presupuestos, el PNV rechaza prestar su imprescindible apoyo parlamentario mientras persista la aplicación del artículo 155 sobre Cataluña. Y si la formación de un nuevo Gobierno catalán se demora, también se demorará la retirada del 155 y, por ende, el apoyo del PNV a los Presupuestos.

De ahí que fuentes del Gobierno asuman en privado un nuevo retraso en la aplicación del nuevo sistema de financiación autonómica hasta el 2019.

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