INFORME

¿Qué pasa con la ayuda a domicilio?

La comisión para la municipalización del servicio se vuelve a reunir hoy para conocer dos informes antes de establecer un dictamen. Continúa abierto el cisma entre grupos políticos y sindicatos

Imagen de archivo de una trabajadora atendiendo a una usuaria de ayuda a domicilio.
FRANCISCO GONZÁLEZ
Araceli R. Arjona

¿Qué pasa con la ayuda a domicilio? Hace meses que las 1.000 trabajadoras de ayuda a domicilio de Córdoba, que atienden a diario a más de 2.000 mil usuarios, tienen la vista puesta en una comisión municipal creada para estudiar si es viable o no que la gestión de este servicio pase a depender directamente del Ayuntamiento, en lugar de que lo asuma, por concurso público, una empresa.

Dicha comisión, creada en marzo del año pasado por el exconcejal de IU Rafael del Castillo, que dimitió en verano, transcurre de forma paralela al conflicto abierto entre el Ayuntamiento y la actual empresa adjudicataria, Clece, que tras ver cómo su nombre se vinculaba a la denuncia de precariedad laboral de trabajadoras y sindicatos quiso no renunciar a la renovación de su contrato (llevando incluso el caso a los tribunales) pero el Ayuntamiento no la dejó. Así las cosas, desde julio del 2017 Clece sigue siendo la encargada del servicio de forma forzosa, a la espera de que el Ayuntamiento se decida a adjudicar el nuevo contrato a una de las 7 empresas presentadas. En esas está el Ayuntamiento desde octubre, anunciando mejoras para las trabajadoras gracias al nuevo pliego que aún están por materializarse. Según el nuevo concejal al cargo, Juan Hidalgo, la adjudicación llegará antes de que acabe marzo. Las facturas siguen llegando y, según CCOO, aumentadas, ya que afirman que «la prórroga forzosa supone el abono de un 30% más por el servicio a Clece», es decir, 300.000 euros más al mes. Hidalgo, por su parte, lo niega. Mientras tanto, hoy está prevista una nueva sesión de la comisión creada para estudiar la municipalización del servicio, para estudiar dos informes, de Hacienda y Recursos Humanos, que ya han sido expuestos al público y que vienen a concluir que es inviable que el Ayuntamiento asuma como personal propio a las trabajadoras de ayuda a domicilio y que, de hacerlo, supondría un sobrecoste para el Consistorio de 20 millones de euros. Nada más conocerse las conclusiones, cada grupo municipal reaccionó según lo esperado. El PP puso el grito en el cielo, seguido por C’s y UCOR. Ganemos dijo que los informes no eran imparciales y que había que seguir para adelante; IU, que hasta el infinito y más allá con la defensa de lo público, y en el PSOE se hizo el silencio.

Por no haber consenso en la comisión, no están unidos ni los sindicatos, que andan a la gresca entre ellos y el Ayuntamiento a cuenta de la representatividad de unos y otros. En juego está el futuro de las trabajadoras, que hoy tienen previsto manifestarse en el Ayuntamiento para reivindicar la municipalización del servicio. Y el de los usuarios, a la espera de las supuestas mejoras prometidas vía pliego o vía municipalización. Eso es lo que pasa.

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