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Intervención no autorizará más pagos a ocho salas de barrio de Córdoba

El dictamen del Tribunal de Cuentas afecta a la concesión de 300.000 euros anuales en ayudas. El Ayuntamiento se reúne con los clubs afectados y confía en darles una solución antes de 15 días

Partido de baloncesto femenino en la sala de barrio del Guadalquivir.
TONI BLANCO
Irina Marzo

La Intervención municipal no autorizará ni un pago más a las ocho salas de barrio que gestionan seis clubs deportivos de Córdoba desde hace años. De hecho, para abonar la última mensualidad ha habido que levantar un reparo de la interventora. El Ayuntamiento busca a toda prisa una solución para dar respuesta a las diligencias previas abiertas por el Tribunal de Cuentas de Andalucía contra la concesión de estas ayudas municipales, que ascienden a unos 300.000 euros anuales. El órgano fiscalizador entiende que se dan por contrato a esos clubs que gestionan las salas deportivas subvenciones no previstas en los pliegos de contratación (para compensar el déficit de explotación que supone mantener precios públicos en estas instalaciones) y que eso altera la libre competencia del resto.

Ayer, el concejal de Deportes, Antonio Rojas, se reunió con los representantes de los clubs afectados para exponerles el problema al que se enfrentan en 2018 y les explicó que confía en dar una solución a este asunto en el plazo máximo de 15 días. «Estamos trabajando con la Asesoría jurídica municipal y con Intervención para ver cómo resolver este problema y que sea lo menos perjudicial tanto para los clubes y entidades gestoras como para el propio Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) y el Ayuntamiento», explicó ayer el concejal socialista.

NUEVA FÓRMULA // El Tribunal de Cuentas de Andalucía obliga al Ayuntamiento de Córdoba (además de a los de Almería, Cádiz y Huelva, que están en la misma situación) a buscar una fórmula distinta y, huelga decirlo, legal para seguir abonando estas cantidades que compensan ese déficit de explotación. El criterio de la Intervención municipal podría ser el de sacar de nuevo a licitación los contratos de servicios abiertos y que fuera el propio Ayuntamiento el que cobrara los precios públicos (de hecho, es algo que lleva reclamándole a Sadeco en el cobro de la tasa de basura), que ahora cobran los propios clubs, y pagar a las adjudicatarias por el servicio prestado. Habrá que encajar todo bien jurídicamente porque los perjudicados también podrían reclamar al Ayuntamiento por incumplimiento del contrato.

Los clubs y entidades deportivas afectados por la decisión del Tribunal de Cuentas son el Adesal, que gestiona la sala de barrio de Fuensanta; el club Adecor, que gestiona las de Guadalquivir y Valdeolleros; club Adeba, Naranjo y Margaritas; el club Trotacalles, Ciudad Jardín; Apademar, en Fátima, y la empresa Soluciones y proyectos (Solypro), que mantiene en funcionamiento las pistas del Santuario.

Las relaciones contractuales entre estos clubs y el Ayuntamiento se remontan en la mayoría de los casos a veinte años atrás y han sido la base del modelo de gestión municipal del deporte base en Córdoba. Los contratos tienen una vigencia de diez años, más dos prórrogas de cinco años cada una. Casi todos están ya muy próximos al fin de los contratos.

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